Por Luis Chávez

Cada mañana, en Córdoba y en la región de las Altas Montañas, la noticia suele repetirse: “un motociclista lesionado, un peatón atropellado, un choque entre vehículos o una familia que pierde a uno de sus integrantes en un accidente de tránsito.”

Lo más preocupante es que estamos comenzando a normalizar una tragedia que nunca debería ser cotidiana.

Los datos son claros. La Cruz Roja Mexicana, Delegación Córdoba, informó que durante el primer trimestre de 2026 las muertes derivadas de accidentes vehiculares aumentaron un 100 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, señaló que los accidentes de motociclistas continúan siendo los de mayor incidencia y que los servicios de emergencia han registrado un incremento de entre 15 y 20 % en este tipo de percances.

Estas cifras no representan únicamente estadísticas. Detrás de cada número hay un nombre, una familia, un proyecto de vida que quedó truncado y una comunidad que resiente las consecuencias.

El problema no distingue edades, ocupaciones ni condición social, lo mismo resulta afectado un estudiante que utiliza una motocicleta para trasladarse a clases, un trabajador que conduce su automóvil, un operador del transporte público, un ciclista o un peatón que simplemente intenta cruzar una calle.

La pregunta obligada es: ¿qué estamos haciendo para evitar que esto siga ocurriendo?

Con frecuencia se exige mayor vigilancia, más operativos y sanciones más severas. Sin duda son acciones necesarias. Sin embargo, difícilmente resolverán el problema si no van acompañadas de una auténtica educación vial.

La mayoría de los accidentes tienen factores comunes: exceso de velocidad, distracciones por el uso del teléfono celular, conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar la preferencia de paso, circular sin casco de seguridad, ignorar los límites de velocidad y una preocupante falta de respeto entre quienes compartimos la vía pública.

Hoy pareciera que cada quien conduce pensando únicamente en llegar primero, olvidando que unos segundos de imprudencia pueden cambiar la vida de muchas personas para siempre.

Por ello considero que Córdoba necesita impulsar un Programa Permanente de Cultura y Educación Vial, respaldado por autoridades, instituciones educativas, empresas, organizaciones civiles, medios de comunicación y todos los sectores del transporte.

No se trata únicamente de impartir cursos para obtener una licencia. Se trata de formar ciudadanos responsables desde la infancia; de enseñar que la calle no es una pista de carreras; de promover el uso del casco certificado, del cinturón de seguridad y del respeto absoluto hacia peatones, ciclistas y personas con discapacidad.

La cultura vial debe convertirse en una política pública permanente y no en una campaña temporal después de una tragedia.
Cada peso invertido en prevención representa recursos ahorrados en atención médica, rehabilitación, daños materiales y procesos judiciales. Pero, sobre todo, representa vidas salvadas.

No podemos seguir esperando a que la próxima víctima sea un familiar, un amigo o un compañero de trabajo para entender la gravedad del problema.

La seguridad vial no depende únicamente del gobierno; depende de todos. Cada conductor decide respetar un semáforo o ignorarlo. Cada motociclista decide utilizar o no el casco. Cada peatón decide cruzar por un lugar seguro. Son decisiones individuales con consecuencias colectivas.

Ha llegado el momento de dejar de reaccionar únicamente cuando ocurre una tragedia y comenzar a prevenirlas mediante educación, conciencia y responsabilidad.

Porque ninguna llamada, ningún minuto ganado y ninguna prisa justifican perder una vida.

La verdadera transformación de nuestra movilidad comenzará el día en que entendamos que el respeto a las normas de tránsito no es una obligación legal, sino un acto de respeto por la vida.