No es necesario inventar el hilo negro, basta con observar como resolvieron sus problemas de criminalidad ciudades grandes y pequeñas, e incluso casos de éxito en dónde a pesar de continuar con índices de criminalidad (supongo que por contagio por municipios vecinos) éstos mismos índices se han reducido significativamente.

El primer paso es eliminar la complicidad entre autoridades y delincuentes o el desinterés de las propias autoridades. Me dirá ud amable lector que de dónde saco tan aventurada idea. Mire, llevo cuatro años denunciando en todos los foros gubernamentales posibles, incluso a congresistas (de la legislatura anterior) que el tramo de Puebla a Córdoba por la autopista es uno de los más peligrosos a nivel nacional. Con datos duros de la AMIS y de CANACAR le he probado a quien ha querido escucharme que en efecto es una zona dónde ocurre una cantidad enorme de robos de vehículos DIARIAMENTE.

Estoy seguro que esta situación es de sobra conocida por parte de las autoridades municipales, estatales, federales, fiscalías, ejército, marina, mando único, fuerza civil, policía federal y quien usted quiera, incluyendo a los secretarios de gobernación federales actual y pasados. En el entendido de que es un tramo federal, y que no le corresponde a municipios ni estado proporcionar la seguridad pero sí exigirla, uno se pregunta cómo es posible que después de cuatro años, la situación se hubiera agravado. La única respuesta posible es que hay colusión entre criminales y autoridades. Me imagino a las autoridades considerando que es el año de Hidalgo, y que tienen que asegurar su vejez en lugar de proteger a los ciudadanos. Pienso en marina y ejército cuidando la imagen de sus elementos y la imagen de ambas instituciones por encima del interés de los ciudadanos. Así con colusión o desinterés el problema sólo se ha agravado, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de la inacción gubernamental.

Lo más grave es que como a nadie le interesa resolver el problema, no hay ningún ciudadano que denuncie a las autoridades por su inacción y mucho menos que exija cuentas por el mal desempeño de sus funciones.

Una vez eliminada la complicidad o el desinterés, el siguiente paso es destinar presupuesto suficiente para tener vigilancia y capacidad de respuesta inmediata. En el caso de las ciudades implica destinar gasto público a elementos de policía preventiva con capacitación y equipo suficiente para poder enfrentar a cualquier grupo criminal, así como vigilancia y técnicas adecuadas de respuesta rápida. Para ello hace falta que los alcaldes dejen de pensar que el presupuesto del municipio es propiedad personal, y comiencen a pensar en atender con dicho presupuesto las necesidades más apremiantes de sus gobernados, entre las principales se incluye la seguridad. Aquéllos municipios con presupuestos raquíticos deben exigir al estado el apoyo para lograr el mismo objetivo.

Una vez que se logra que no exista colusión ni desinterés y además se cuente con los suficientes elementos para cubrir las ciudades de manera preventiva, y con las cámaras de vigilancia que ayudan a dar seguimiento a los delincuentes y coparlos, el siguiente paso es que las fiscalías cumplan su función de manera adecuada, lo cual implica no tener rezagos de miles de expedientes y contar con personal debidamente capacitado y en número suficiente para poder investigar los delitos de manera pronta y expedita. Algo que en Veracruz no existe, pues la procuración de justicia siempre ha sido el patito feo del presupuesto del estado.

Una vez que la fiscalía hace su trabajo correctamente la población debe de vigilar a los jueces, igual que la propia judicatura, con el fin de que los procesos de justicia se lleven a cabo también de manera rápida y eficiente, llevando a penas corporales a los culpables y dejando libres a los inocentes.

Los penales NO deben de tener autogobierno, y los capos criminales no pueden ni deben tener poder dentro de ellos, de tal manera que las sanciones corporales realmente sirvan de correctivo y no de estímulo a la actividad criminal. Se debe a la brevedad atender a tantos inocentes sin juicio que están detenidos, y enjuiciar a los culpables, tengan o no recursos económicos.

A fin de cuentas se trata de que el estado cumpla con su labor de otorgar seguridad y justicia a los ciudadanos, con tolerancia cero a cualquier tipo de delito, sea cometido por particulares o por servidores públicos, lo cual implica tener contralorías internas blindadas contra cualquier acto de corrupción o violaciones a la ley de los funcionarios, sean jueces, fiscales, investigadores o policías.

Como se puede observar la solución es sencilla, pero pasa por lo que los mexicanos llamamos de manera eufemística ¨Voluntad Política¨, es decir que el que manda tenga ganas de que las cosas se hagan.

A los veracruzanos sólo nos queda esperar que los que lleguen (Cuitláhuac García) tengan la voluntad política para resolver el problema de seguridad, así como tantos otros que aquejan a la entidad veracruzana. Y en caso de no existir dicha voluntad política, entonces demandarla y exigirla. La otra opción es seguir callados mirando como se deteriora nuestro entorno económico, y como cada día hay más bajas en la sociedad a causa del crimen. Creo que no podemos permitir que las ciudades veracruzanas se conviertan en otras Tijuanas, abandonadas y vacías por causa del índice de criminalidad.

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