Escándalo en Comunicación Social
La constante de homicidios contra mujeres en Veracruz se ha convertido en una noticia permanente de hace ya varios años, sin que se encuentre una manera real de frenar ese tipo de crímenes. Después del escándalo de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy, se reporta otra mujer asesinada, la joven Adriana Beatriz López Rodríguez.
Mientras Samara había desaparecido el 23 de diciembre, la mujer localizada ayer en una maleta de viaje tenia reporte de desaparición desde el 5 de diciembre, con lo que se suman 89 asesinatos en contra de mujeres y el Observatorio Universitario de Violencia reporta 251 desapariciones de mujeres.
Los colectivos feministas y la sociedad se vuelven a reagrupar para mantener las protestas y exigir un alto a la violencia en contra de la féminas, aunque a ciencia cierta no se sabe a quien reclamar que esto se detenga.
Los factores van desde el auto cuidado de las mujeres, sus relaciones personales, la prevención de la autoridad con la policía y lo último, la investigación de sus crímenes ya consumados.
De poco sirve una investigación eficiente y el encarcelamiento de los criminales, si no se puede recuperar la vida de las personas, y peor aún, se siguen cometiendo los crímenes.
Escándalo en Comunicación Social
Tania Merino García era empleada del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, se convirtió en estadística del Covid-19 en la actual pandemia, su esposo, acusa a los jefes de la difunta, Elías Hernández Olivares Jefe de Recursos Materiales y Gladys Salazar González Jefa de Recursos Humanos, sus jefes directos que la obligaron a asistir a trabajar a pesar de ser vulnerable por diabetes.
El esposo de la fallecida, Oscar Ocampo salió a la luz pública para reclamar justicia, toda vez que a la empleada de confianza de la Coordinación General de Comunicación Social, se le negó el derecho de incapacidad médica preventiva por el padecimiento de la diabetes.
Fue así como se vio obligada a asistir para no perder el empleo, de acuerdo al viudo, fue ahí en su empleo, donde adquirió el contagio que la llevó a la muerte.
Tras la denuncia, el área de Comunicación Social consideró como una carta falsa y un ataque a la dependencia del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, pero confirma que la empleada sí falleció y que estaba en tratamiento contra la diabetes en el IMSS.
Es decir, el gobierno reduce la muerte de una empleada de confianza a un ataque a la administración estatal, en vez de poner orden y respetar las disposiciones de la Secretaría de Salud para prevenir más contagios y muertes por la pandemia del Covid-19 que por cierto suman seis mil 334 de acuerdo al último reporte del sector Salud.
