Orizaba, Ver.- Luego de que la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Delia González Cobos informó que se detectó un daño patrimonial de institutos y universidades tecnológicas de Veracruz, por el esquema de la estafa educativa, por una suma de 336 millones de pesos solo en 2019, el presidente de la Comisión de Vigilancia en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado Luis Arturo Santiago Martínez hizo un llamado a los directores de los tecnológicos descentralizados así como universidades tecnológicas para que se conduzcan correctamente en el manejo de los recursos que les son proporcionados.
Y es que dijo que después de detectar el daño al erario en estas instituciones, se inició un procedimiento en el que ya se interpusieron las denuncias por lo que están a la espera de que la autoridad correspondiente investigue y en su caso sancione.
“Porque considero que el Orfis está fundando ese tipo de temas. Por ello les pedimos que se conduzcan con claridad, que no se olviden de qué año con año son auditados y estaremos muy al pendiente de que los rubros a los que está destinado el recurso público efectivamente sea aplicado a dónde corresponde”.
De acuerdo con los reportes el mecanismo de desvío fue identificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como fraude desde 2014 en el país y consiste en que la universidad o instituto firma un convenio de prestación de servicios con una dependencia federal, se queda con un porcentaje y el resto lo transfiere a una empresa quien hará los servicios, esta a su vez lo distribuye en una red de empresas, algunas no localizables hasta desaparecer el dinero.
En el caso de Veracruz, hay ocho institutos tecnológicos que firmaron 31 contratos, con una decena de dependencias federales que terminaron en el desvío de al menos 800 millones de pesos, una red de más de 30 empresas fue utilizada para triangular recursos, algunas de ellas no pudieron ser localizadas.
Es por ello que el diputado local por el distrito XXI de Ciudad Mendoza hizo un llamado a que los directores de las universidades y tecnológicos descentralizados transparenten no sólo los recursos sino las políticas administrativas con la austeridad pero sobre todo que cumplan con los requisitos legales y que fundamentalmente respondan a esta demanda ciudadana que ya cambió que ya tomó conciencia de que deben ser honestos.