La columna La Tijera “Traje a su medida” se plantea como un ejercicio de contraste entre el discurso público y la realidad cotidiana. Su propósito no es otro que observar, desde la mirada ciudadana, el desempeño de quienes administran los bienes públicos frente a las condiciones reales en las que viven millones de personas.

Lejos de los informes oficiales y de las narrativas institucionales, la evaluación más directa ocurre en la calle. Es ahí donde el ciudadano común construye su propia lectura del gobierno: en el estado de las vialidades, en el funcionamiento del alumbrado, en la atención de los servicios, en la seguridad de su entorno. Es ahí donde se mide, sin intermediarios, la eficacia de las políticas públicas.

Ese espacio cotidiano funciona como un verdadero “confesionario social” Habla el taxista, quien atiende la tortillería, la persona de la verdulería o la carnicería, el chofer del transporte público, el aseador de calzado, el mesero, el enfermo o paciente que concurre al sector salud, el padre de familia que revisa la tarea escolar, el profesor de escuela, el político de “café”, que también cuenta su historia, etcétera.  Voces diversas que coinciden en un mismo diagnóstico: la preocupación por la seguridad, la incertidumbre económica y la percepción de que muchas decisiones públicas no logran traducirse en beneficios concretos.

En contraste, el debate público parece trasladarse cada vez más a las redes sociales, donde la discusión política suele escalar hacia la confrontación. Lo que podría ser un espacio de intercambio se convierte, con frecuencia, en terreno de descalificaciones, polarización y rupturas, incluso al interior de las familias. En ese entorno, las posturas más estridentes tienden a dominar la conversación, aunque no necesariamente representen el sentir mayoritario.

Por ello, conviene volver a lo esencial. Más allá del ruido digital y de las disputas ideológicas, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Qué espera realmente la ciudadanía de quien asume la responsabilidad de gobernar? Las respuestas no son complejas ni abstractas. surgen, una y otra vez, de la experiencia diaria.

En un ayuntamiento, como el de la ciudad de Córdoba, los administradores públicos son las personas encargadas de gestionar, ejecutar y supervisar los recursos, servicios y políticas públicas municipales.

No se trata solo de una figura, sino de un conjunto de funcionarios con distintas responsabilidades dentro del gobierno local. De manera clara, son quienes convierten las decisiones políticas en acciones concretas.

Quién escribe profesional de humanista, ciudadano de letras y libre pensador. Rechazo las etiquetas que reducen el pensamiento a categorías cómodas: No me identifico con las élites ni con etiquetas, no soy fifí, Hipócrita, ni intelectual orgánico al servicio de algún poder, ni tecnócrata distante, ni conservador, ni neoliberal, ni corrupto, Reaccionario, Clasista, Racista, Aspiracionista, ni rábano zurdo y mucho menos he perdido privilegios en el pasado.

Me asumo como un observador activo y consciente, liberal, crítico y analítico, comprometido con la lectura de la realidad social desde el contexto que me ha formado. Mi pensamiento nace de una ciudad que no solo habito, sino que me ha construido académica, cultural y éticamente; una ciudad a la que, desde mi labor educativa, he buscado servir con responsabilidad y conciencia.

Entiendo al humanismo como un acto profundamente de la “praxis”, “acción” y “reflexión” frente al mundo que me rodea para transformarlo: un espacio de reflexión, cuestionamiento y de reconstrucción, donde el pensamiento crítico no es una opción, sino una necesidad frente a las inercias del poder y las desigualdades hoy persistentes.Principio del formularioFinal del formulario

Lo que el pueblo pide a sus administradores públicos.

En el rubro de las finanzas, el pueblo exige a sus administradores públicos un manejo honesto, transparente y eficiente de los recursos que provienen de sus impuestos. Las demandas principales se centran en la responsabilidad fiscal, la rendición de cuentas y la inversión en el bienestar social. 

Basado en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Municipio libre, de su autonomía y de los reglamentos y normas que de él se deriven. Las funciones de la administración pública y las demandas ciudadanas generales, esto es lo que se pide al presidente Municipal de la ciudad, a la sindica, regidores, personal de confianza y empleados sindicalizados:

Una Auditoria pública a la Administración anterior del Gobierno Municipal, que no exceda más de seis meses y se dé a conocer públicamente, de encontrar desfalcos y corrupción presentar las respectivas denuncias, justicia al pueblo. 

Implementar una Política de “Cero Corrupción” en toda la administración Municipal Combate estricto a las prácticas de corrupción, indolencia y desvío de recursos, garantizando que el dinero del pueblo se aplique a sus fines.

Transparencia total y rendición de cuentas: Acceso claro y oportuno a la información sobre cómo se gastan los ingresos públicos, presupuestos, contratos y deuda pública, Cada ciudadano tenemos el derecho de “Conocer” las finanzas municipales, ingresos y egresos de todos los rubros, desde salarios, bonos y obras contratadas, y esto hoy se debe dar a conocer en las plataformas oficiales del Ayuntamiento, hacer uso de la sociedad de la comunicación y de la información.

La Participación Ciudadana no basta con formar diversos “comités”, habrá que Involucrar a la ciudadanía en la planeación y vigilancia del presupuesto, permitiendo que la sociedad incida en las decisiones financieras.  La Política Pública del bienestar social deberá ser clara, la recaudación de impuestos de toda índole se deberá traducir en servicios de Calidad.

El Agua Potable. Durante décadas, en Córdoba las principales peticiones y necesidades de infraestructura de la población han sido bastante constantes y se concentran sobre todo en servicios básicos urbanos. Desde finales del siglo XX hasta hoy, el acceso al agua ha sido una de las principales exigencias.

Ciudadanos oriundos, más concretamente cordobeses de origen expresan que desde los años 70 a los 90 durante 30 años se crearon organismos para atender el servicio de agua potable y alcantarillado, lo que muestra que ya era una necesidad crítica.

El crecimiento anárquico de la población con Administraciones Municipales permisivas y corruptas permitieron la proliferación desordenada de colonias que pasaron décadas sin servicio formal de agua, solicitándolo continuamente, hay quienes afirman a manera de relato anecdótico que pasaron sesenta años para contar con agua para bañarse en su regadera, en algunos casos. Y en las cinco últimas administraciones públicas municipales se han autorizado a desarrolladores de casas y fraccionamientos cerrados el uso de suelo para urbanización y servicios de agua potable, lo más grave la conexión de los drenajes hacia arroyos al aire libre, violando toda ley del medio ambiente, no se supervisa que deban cumplir con “plantas de tratamiento de aguas negras” y residuales. Quizás si existe la autorización sin escrúpulo alguno.  Hoy la ciudad sufre por la contaminación ambiental de sus ríos. Tarea dura, ¿Quién se encargará de este enorme problema?

Continuara…

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