Masacre familiar en Río Blanco: identifican a víctimas; suegro y cuñado, presuntos responsables

Orizaba, Ver.– La Fiscalía General del Estado confirmó la identidad de las víctimas localizadas sin vida al interior de una vivienda en la colonia Reforma, en el municipio de Río Blanco, en un caso que ha sacudido a la región por su brutalidad y el vínculo directo entre agresores y víctimas.

Entre las personas identificadas se encuentra Juan Iván Pérez Romero, de 31 años, administrador de Casas Vega atractivo turístico del Ayuntamiento de Orizaba, quien presentó herida por proyectil de arma de fuego. Asimismo, fue identificada su madre María “N”, con domicilio en Escamela Ixtaczoquitlán, quien sufrió traumatismo craneoencefálico severo.

La madrugada de este viernes fueron entregados a sus familiares los cuerpos para ser velados y se espera que en los próximos días el Ayuntamiento de Orizaba podría rendirle un homenaje póstumo, en reconocimiento a su labor dentro de este espacio turístico municipal.

Ambos fueron hallados en el inmueble ubicado en la privada de Avenida del Canal de la colonia Reforma del municipio de Río Blanco, donde autoridades ministeriales localizaron un total de cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen tendría un trasfondo familiar. Los principales señalados son Óscar “N” (padre) y Óscar “N” (hijo), quienes resultaron ser suegro y cuñado de Juan Iván Pérez Romero, respectivamente. Ambos ya fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado.

Las indagatorias establecen que las víctimas fueron privadas de la libertad entre el 3 y 4 de abril. Posteriormente, los presuntos responsables exigieron un rescate; sin embargo, pese al pago, las víctimas fueron asesinadas. En este mismo hecho, una menor de edad logró sobrevivir tras ser liberada, convirtiéndose en pieza clave dentro de la investigación.

Tras la detención de los implicados, las autoridades lograron ubicar el domicilio en Río Blanco, donde finalmente fueron encontrados los cuerpos. Debido al avanzado estado de descomposición, fue necesario realizar pruebas genéticas para confirmar las identidades.

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de los dos imputados, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando un plazo para la investigación complementaria.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación por secuestro agravado y homicidio, mientras continúa el proceso para esclarecer totalmente este crimen que exhibe el grado de violencia que puede gestarse incluso al interior del núcleo familiar.