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Manuel Huerta llama a recaudar mejor y combatir abusos fiscales; avanzan tres dictámenes para 2027

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Una Hacienda pública sólida no se construye únicamente cobrando más, sino recaudando mejor y combatiendo los abusos, planteó el senador Manuel Huerta al presentar en comisiones unidas los tres dictámenes que integran el paquete de ingresos de la Federación para 2027.

El legislador por Veracruz, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, participó en el análisis de los proyectos junto con la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Los tres dictámenes fueron aprobados en comisiones y recibieron primera lectura en el Pleno del Senado, donde todavía deberán discutirse y votarse.

“El fortalecimiento de la recaudación debe descansar en el cumplimiento de la ley, en mejores mecanismos de fiscalización y en una administración tributaria más eficiente”, señaló Huerta, al destacar la necesidad de contar con reglas claras para los contribuyentes y mejores instrumentos para vigilar su cumplimiento.

En la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 se estiman 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos de ingresos totales, incluidos los derivados de financiamientos; de esa cantidad, 6 billones 263 mil 886.8 millones corresponden a impuestos. Huerta llamó a examinar esas previsiones con responsabilidad y a distinguir los ingresos tributarios de los recursos obtenidos mediante endeudamiento.

Huerta explicó además un mecanismo dirigido a ciertos comercializadores de gasolinas y diésel, distintos de fabricantes, productores e importadores, que no constituye un impuesto general adicional por cada litro vendido. La regla calcula el impuesto especial sobre producción y servicios sobre diferencias positivas entre volúmenes vendidos y adquiridos en el mes. La autoridad podrá verificar las cifras con existencias, controles volumétricos, comprobantes fiscales y pedimentos. El texto prohíbe trasladar expresamente ese impuesto al comprador o incorporarlo al precio y fija su entrada en vigor para el 1 de julio de 2027.

En ese mismo dictamen se incluye un estímulo fiscal de hasta el cien por ciento sobre multas, recargos y gastos de ejecución en los supuestos y condiciones establecidos, sin establecer una condonación general de los impuestos adeudados. El proyecto contempla también un techo de endeudamiento interno neto de 1.7 billones de pesos y uno externo neto de 13 mil 500 millones de dólares para el Gobierno Federal.

Al referirse a la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Huerta destacó que se amplían los límites de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza: de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales, con sujeción a los requisitos legales. Para personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, el límite de ingresos de la exención correspondiente se eleva de 900 mil a un millón de pesos.

El senador señaló que, junto con estas facilidades, la reforma propone controles específicos sobre deducciones y pérdidas fiscales para determinadas empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y utilidad fiscal, sin suprimir de manera general esos conceptos ni modificar por esa vía la base para la participación de los trabajadores en las utilidades.

Sobre la Ley Federal de Derechos, Huerta explicó que las modificaciones abarcan servicios migratorios y consulares, sanidad agroalimentaria, aguas nacionales, supervisión financiera, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones. Entre ellas, se prevé una cuota de mil 158 pesos para la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, así como descuentos de hasta el cien por ciento en determinados derechos de espectro radioeléctrico, condicionados al cumplimiento de obligaciones de cobertura.

También resaltó las medidas para precisar exenciones de acceso a determinadas Áreas Naturales Protegidas y la necesidad de que la actualización de los derechos mantenga relación con los servicios públicos y el aprovechamiento de bienes nacionales. Desde su perspectiva, estas reglas deben revisarse tanto por su fundamento jurídico como por su impacto en las actividades productivas y el acceso de la población a servicios y patrimonio públicos.

Al concluir, el senador por Veracruz llamó a “fortalecer las condiciones para la inversión productiva, el mercado interno y la generación de empleos”. Señaló que el análisis del paquete de ingresos debe vincular la responsabilidad hacendaria con la certeza jurídica y las oportunidades de bienestar del pueblo.

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