Córdoba, Ver.- El abogado Pablo Martínez Rodríguez llamó a mexicanos a no permitir que por consulta popular se designen ministros de la SCJN porque esta acción destruye el estado de Derecho además dijo que los juzgados de Veracruz enfrentan rezagos de miles de expedientes que retrasan la acción de la justicia.

Pablo Martínez encabezó esta mañana la marcha efectuada por cordobeses para exigir respeto a la democracia y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue simultánea a otras efectuadas en diversas ciudades de la República Mexicana, entre ellas Xalapa.

Aunque a la manifestación de respaldo a la Corte no acudieron tantos cordobeses como la efectuada para defender al INE, fue notoria la participación de ciudadanos que con carteles y gritos exigieron respeto a la democracia y a la impartición de justicia.

Martínez Rodríguez enfatizó que al proponer la elección de ministros por consulta popular lo primero que se violenta es el Servicio Judicial de Carrera.

“Nuestros ministros tienen que pasar por un proceso de selección en los que se incluye capacitaciones, diplomados, experiencia y especialización porque son los mecanismos para elegir a los ministros de la SCJN”.

“Además la Suprema Corte tiene Casas de Cultura Jurídica, en los estados de la república donde hay juzgados de distrito a través de los cuales los jueces imparten charlas, diplomados, conferencias, etc que beneficien tanto a jueces como a abogados”.

“En Córdoba hay dos juzgados de distrito y se quedó en proceso el trámite para que exista aquí una Casa de Cultura Jurídica”.

“Las casas de cultura jurídica son las que han sostenido un estado de Derecho”, sentencia.

En otro orden de ideas el abogado manifestó:

“Con relación al Poder Judicial del Estado de Veracruz hay un grave rezago de expedientes debido a que se quitaron juzgados tanto en Córdoba como en otros municipios”.

“Acumularon en Córdoba los expedientes que dejaron dos juzgados que fueron cerrados. Ahora cada juzgado tiene más de 5 mil expedientes rezagados por resolver”.

Abunda:

“Pusieron a una persona como presidente del Poder Judicial del Estado y le exigen que los recursos del fideicomiso del Poder Judicial no lo aplique para que caiga en subejercicio y devuelva ese dinero a México”.

“Estas situaciones ponen en riesgo la justicia en México”, sentencia.