Camerino Z. Mendoza, Ver.- Eran las 22:47 horas del martes cuando las puertas del Centro de Reinserción Social de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, se abrieron. Un vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública, escoltado por una patrulla, abandonó lentamente el penal. En el asiento trasero viajaba Jesús Alberto “N”, quien permaneció privado de la libertad desde el 27 de febrero de 2023.
Con ese recorrido nocturno comenzó el último tramo de una espera que para su familia pareció interminable: más de tres años de audiencias, aplazamientos, protestas y un proceso judicial que se convirtió en uno de los más seguidos en la región centro de Veracruz.
Horas antes, alrededor de la una de la tarde, un juez del Poder Judicial del Estado había emitido una sentencia absolutoria dentro de la causa penal que enfrentaba por su presunta complicidad en el homicidio de la maestra Verónica Fernández Trujillo, crimen ocurrido en Orizaba y que conmocionó a la sociedad por la violencia con la que fue cometido. El fallo puso fin a ese juicio, pero no al debate público que durante más de tres años acompañó el caso.
Desde el inicio del proceso, la madre de Jesús Alberto, Margarita Viveros Caballero, encabezó una lucha constante para defender la inocencia de su hijo. Conforme avanzaban los meses, las salas de audiencia y los pasillos de la Ciudad Judicial de Orizaba se convirtieron en escenarios habituales de sus reclamos.
En junio pasado y vestida con una playera con las siglas PPL (Persona Privada de la Libertad), denunciaba que el proceso se prolongaba por continuos diferimientos y sostenía que la Fiscalía no había acreditado la responsabilidad de su hijo. Una y otra vez repetía la misma frase frente a medios de comunicación, abogados y funcionarios: “Mi hijo es inocente”.
Durante las últimas audiencias, familiares y amigos permanecieron durante horas afuera de la sala de juicios orales esperando noticias. La defensa argumentó que registros de geolocalización, videograbaciones y diversos testimonios ubicaban a Jesús Alberto en su centro de trabajo al momento del homicidio. También señaló que una de las principales testigos de cargo no compareció ante el juez por motivos de salud.
El 3 de agosto se desarrolló la audiencia final. Ese día, Margarita Viveros pidió nuevamente que el caso fuera resuelto únicamente con base en las pruebas desahogadas durante el juicio. Recordó que declararon 17 testigos y sostuvo que ninguno señaló directamente a su hijo como participante en los hechos. Un día después llegó la resolución.
El martes, el juez determinó absolver a Jesús Alberto “N” al considerar que los elementos presentados durante el juicio no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad penal. Entre las pruebas valoradas figuraban 45 videograbaciones obtenidas de cámaras de vigilancia instaladas en un perímetro aproximado de ocho kilómetros, aportadas por la defensa. Sin embargo, la resolución no significó su libertad absoluta.
Aunque quedó concluido el proceso relacionado con el homicidio, Jesús Alberto continuará enfrentando un segundo procedimiento penal por el presunto delito de daños contra las instituciones públicas, bajo la medida cautelar de resguardo domiciliario.
Mientras el convoy avanzaba por la carretera con dirección a Camerino Z. Mendoza, una intensa lluvia comenzó a caer sobre la región, sin embargo, esta no logró dispersar a quienes ya esperaban en la colonia El Águila.
Vecinos, familiares y amigos permanecieron formando una valla humana desde cuadras antes del domicilio, convencidos de que esa noche presenciarían un momento que durante más de mil 250 días parecía inalcanzable. Algunos llevaban horas esperando. Otros llegaron cuando comenzó la lluvia. Ninguno se fue.
Cuando el convoy ingresó a la calle, los aplausos rompieron el silencio de la noche. Hubo porras, gritos de bienvenida y lágrimas entre quienes observaban el lento avance de las unidades oficiales; el vehículo de traslados del centro de reinserción social se detuvo finalmente frente a la vivienda y al abrirse la puerta trasera, Jesús Alberto descendió del vehículo. Frente a él estaba su madre.
No hicieron falta palabras, él apenas alcanzó a dar un par de pasos cuando ambos se fundieron en un abrazo que parecía contener más de tres años de incertidumbre, visitas al penal, audiencias, marchas, conferencias de prensa y noches sin respuestas, Margarita Viveros ocultó el rostro sobre el hombro de su hijo mientras lloraba desconsoladamente y repetía entre sollozos “¡Por fin estás aquí, mi vida… por fin en casa!”.
Alrededor, vecinos y familiares aplaudían. Algunos también lloraban. Otros simplemente observaban en silencio una escena que resumía el desgaste emocional de un proceso que mantuvo dividida la opinión pública durante más de tres años. Con ese abrazo terminó el trayecto que inició aquella noche de febrero de 2023 cuando Jesús Alberto fue detenido.
Pero el caso aún no concluye, la sentencia absolutoria cerró el proceso por el presunto homicidio de la maestra Verónica Fernández Trujillo, uno de los expedientes de mayor impacto mediático y social en la región centro del estado. Sin embargo, el segundo procedimiento penal que enfrenta permanecerá abierto y será en los tribunales donde continúe definiéndose su situación jurídica.
Para su familia, no obstante, la noche del martes marcó el inicio de una nueva etapa: volver a tener a Jesús Alberto en casa, aunque ahora bajo resguardo domiciliario y a la espera de que la justicia concluya el proceso que aún sigue su curso.




















