Hay mucha gente que está enojada porque 177 millones de pesos de dinero de las y los veracruzanos dejarán de llegar a las dirigencias de los partidos políticos y se usarán, en cambio, en atender auténticas prioridades para el pueblo, como la salud.
Bueno, así mucha, mucha, lo que se dice “mucha gente” tampoco es, pero los pocos que están enojados porque se les redujo a la mitad su beneficio hacen, eso sí, mucho ruido.
Y subrayo que se les redujo su beneficio porque con la mitad que les quedó todavía tienen para meterle mano a una cantidad brutal de dinero, pero allá ellos, sus conciencias y sus votantes.
Ofendidos han dicho que llevarán su enojo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las y los ministros resuelvan si la propuesta aprobada por la mayoría calificada del Congreso de Veracruz está apegada a la Constitución.
Desde luego que están en todo su derecho de acudir al Máximo Tribunal, que para eso está: para resolver controversias y dirimir si existen o no violaciones a la Constitución General de la República y, en su caso, proteger a quien se haya afectado.
Sin embargo, no dejo de lamentar que le añadan trabajo innecesario a la cabeza de nuestro Poder Judicial, toda vez que ya sabemos, de ante mano, la que sería su respuesta.
Y es que, justo, apenas en marzo de este año las señoras y los señores ministros se pronunciaron abrumadoramente por avalar una reforma Constitucional en el hermano y vecino estado de Tabasco que, palabras más o palabras menos, es idéntica a la nuestra.
El argumento de la Corte es que las Legislaturas locales estamos “facultadas para regular el financiamiento público local de los partidos políticos nacionales, siempre y cuando garanticen que los partidos reciban dicho financiamiento de manera equitativa para sus actividades ordinarias y durante los procesos electorales”.
La reforma veracruzana, parecida a la tabasqueña (en lugar de pozol le pusimos torito de cacahuate) está ahora en manos de los 212 Cabildos, donde se requiere la votación de la mitad más uno -107- para que esté plenamente aprobada y el Ejecutivo la publique en la Gaceta Oficial del Estado.
Después de eso, si quieren y como dicen en las películas: nos vemos en la Corte. Como dije, ya sabemos lo que nos van a decir.
