+ Trabajadora doméstica recupera su libertad tras ser torturada y procesada por delitos contra la salud

Orizaba, Ver.- Tras siete meses de encierro injusto en el penal de mediana seguridad de Amatlán de los Reyes, Maribel “N”, una trabajadora doméstica de 30 años, recuperó su libertad mediante una suspensión condicional del proceso en su contra, caso que destapó una serie de irregularidades que incluyen tortura, fabricación de delitos y, de manera crucial, el ocultamiento intencional de un informe oficial que demostraba su inocencia desde el primer día.

La defensa legal de Maribel, encabezada por los abogados de la Brigada Internacional de los Derechos Humanos, logró demostrar que la Fiscalía del Estado tuvo en su poder un informe de la Plataforma México, emitido el mismo 5 de febrero de 2025 fecha de la detención, que confirmaba que no existía ningún registro o indicio en su contra, sin embargo, este documento fue ocultado sistemáticamente por las autoridades ministeriales, lo que prolongó ilegalmente el encarcelamiento de la mujer y extendió la tortura psicológica a la que fue sometida.

El calvario de Maribel comenzó la madrugada del 5 de febrero, cuando fiscales y agentes ministeriales irrumpieron de manera violenta en su domicilio ubicado en la colonia Cuarto Barrio del municipio de Rafael Delgado, según el relato de sus abogados, los agentes golpearon a nueve adultos y seis menores de edad, los encañonaron con armas de fuego y sustrajeron pertenencias y dinero en efectivo. Maribel fue detenida, incomunicada y sometida a tortura física y psicológica, que incluyó golpizas y aplicación de descargas eléctricas, con el fin de forzarla a autoinculparse por el delito contra la salud en la Carpeta de Investigación 84/2025.

La mujer siempre sostuvo que la marihuana que se le imputaba nunca estuvo en su hogar, sino que fue “sembrada” en una mochila dentro de las instalaciones de la propia Fiscalía. A pesar de ello, un juez vinculó a proceso a Maribel y la Fiscalía solicitó prisión preventiva oficiosa, una medida que carecía de justificación legal y que constituyó una violación grave al debido proceso.

Aunque un posterior juicio de amparo federal reconoció la existencia de tortura y se concedió una suspensión a su favor, la Fiscalía ignoró los mandatos judiciales e insistió en llevar a cabo la audiencia inicial para imputarla. Fue la tenaz labor de sus defensores, que incluyó la activación del Protocolo de Estambul y la presentación de procesos penales por tortura, la que finalmente sacó a la luz la verdad: la prueba definitiva de su inocencia había sido suprimida deliberadamente.

La libertad de Maribel se alcanzó gracias al acompañamiento jurídico especializado, el respaldo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y la cobertura de periodistas independientes por lo que la defensa y organismos civiles exigen la investigación y sanción de los funcionarios de la Fiscalía del Distrito XV y de los agentes ministeriales responsables de la detención ilegal y los actos de tortura.