Orizaba, Ver.– El enfrentamiento registrado el pasado fin de semana en el mercado Venustiano Carranza, conocido como Mercado de Flores, evidenció no solo un episodio de violencia inaceptable, sino también la falta de atención oportuna por parte de autoridades municipales, particularmente de regidores que ya tenían conocimiento previo del conflicto.

De acuerdo con documentación en poder de locatarios, el pasado 6 de marzo fue ingresado un oficio dirigido a la regidora IV, Lizbeth Pacheco Osorio, y al regidor II, Ricardo Rodríguez Garzón, en el que se solicitaba su intervención ante presuntos actos de hostigamiento por parte de la supervisora de Comercio, Swamy Margarita Peña. El documento, que cuenta con sello oficial de recibido, confirma que la problemática fue notificada formalmente con antelación.

Sin embargo, a más de nueve días de haber sido entregado, no hubo respuesta institucional. Esta omisión permitió que las tensiones crecieran entre comerciantes y personal del Ayuntamiento, generando un ambiente de inconformidad que, sin mediación alguna, terminó por escalar hasta la confrontación física ocurrida el domingo.

Los hechos se detonaron tras el retiro de una camioneta por presunto estacionamiento indebido en las inmediaciones del mercado, lo que derivó en una discusión entre una comerciante con visible embarazo avanzado y la inspectora municipal. El altercado rápidamente escaló a agresiones físicas, en las que también intervinieron familiares, quedando evidenciado en videos difundidos en redes sociales.

Si bien la violencia ejercida contra la trabajadora municipal no tiene justificación y debe ser sancionada conforme a derecho, el contexto en el que ocurrieron los hechos no puede desvincularse de la falta de atención de las autoridades responsables. La ausencia de diálogo y acción preventiva contribuyó a que el conflicto se desbordara.

Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Orizaba informó que procederá legalmente por la agresión contra la empleada, quien de acuerdo con autoridades realizaba labores de supervisión en una zona de carga y descarga. Asimismo, se le brindará acompañamiento institucional durante el proceso.

No obstante, el caso deja al descubierto una falla en la gestión interna del gobierno municipal: la omisión de funcionarios que, pese a haber sido alertados, no actuaron a tiempo. Hoy, más allá de las responsabilidades individuales por la riña, persiste el señalamiento sobre una falta de atención que pudo haber evitado que el conflicto escalara a niveles de violencia.