Acultzingo, Ver.- Desde el pasado 27 de marzo, el tránsito de trenes cargueros en la ruta hacia el altiplano y Veracruz se encuentra paralizado debido al bloqueo de las vías férreas en el “túnel El Mexicano”, ubicado entre las comunidades de La Jarochita, Veracruz, y Puente Colorado, Puebla.
La protesta, organizada por habitantes de la zona, surge como respuesta al incumplimiento de acuerdos por parte de las empresas Ferrosur y Vías Férreas, quienes se comprometieron a emplear mano de obra local, en las obras de mantenimiento y construcción.
Los manifestantes, en su mayoría trabajadores despedidos, denuncian que las empresas incumplieron el compromiso de recontratarlos después de haber aceptado finiquitos bajos. “No pedimos dinero regalado, solo que cumplan lo acordado”, expresaron los inconformes, quienes aseguran que más de 130 trabajadores de comunidades como Vista Hermosa, La Jarochita, Paraje y Lázaro Cárdenas, fueron afectados.
El conflicto escaló hace 15 días, cuando las compañías intentaron reanudar labores con personal externo, respaldadas por la Guardia Nacional, lo que generó tensión y rompió negociaciones previas con autoridades estatales. “No hubo violencia, pero se ignoró un acuerdo ya pactado”, señalaron los pobladores.
El bloqueo afecta puntos clave como los túneles “El Mexicano”; “Puerto del Aire” y “Túnel 4”, interrumpiendo el transporte de mercancías en la región en sentido a el estado de México y el Puerto de Veracruz, sin embargo los manifestantes, que aseguran actuar sin apoyo de organizaciones civiles, exigen que se priorice la mano de obra local en los trabajos ferroviarios. “No queremos quitarle empleo a nadie, pero tenemos experiencia y derecho a ser considerados”, afirmaron.
Hasta ahora, ni las empresas ni las autoridades han dado una respuesta oficial, mientras los pobladores advierten: “No nos moveremos hasta ver resultados reales”.
Mientras tanto el paro ferroviario ha generado preocupación entre transportistas y trabajadores del sector, quienes ven afectados sus ingresos. La tensión persiste, y la comunidad mantiene firme su postura: ”No es extorsión, es justicia laboral”.
