La lucha contra la corrupción en México se ha convertido en la principal bandera del gobierno federal a cargo de Morena. La mayoría de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador el año pasado lo hicieron cansados de décadas de expolio de las finanzas públicas por parte de funcionarios que llegaron al poder solo para enriquecerse a costa de los mexicanos.
Amén de que, para el caso de los gobiernos encabezados por el nuevo partido en el poder, las normas para evitar el fenómeno parecen ya no ser válidas (en los primeros cuatro meses del gobierno federal el 80 por ciento de las licitaciones para obra pública y servicios han sido entregadas de manera directa, sin mediar concursos), no parece haber un impulso para detectar casos de corrupción y menos para combatirlos.
Incluso, las dependencias creadas para vigilar el buen uso de los recursos públicos, que dicho sea de paso tampoco han servido para asegurarlo, han sido paulatinamente desmantelados y, aunque estemos de acuerdo en que la lucha por la transparencia ha sido muy costosa y poco efectiva, hasta el momento no sabemos que se estén creando nuevos modelos que permitan lidiar con este cáncer que sigue avanzando por el cuerpo político y administrativo sin que haya acciones contundentes para controlarlo y, menos, para curarlo.
Muchos no estuvimos de acuerdo con la decisión del presidente López Obrador de no perseguir y castigar a quienes dilapidaron recursos y esperanzas del pueblo mexicano en actos de corrupción verdaderamente monstruosos, a cambio de la promesa de que no se volverían a cometer. Sin embargo, prácticas como el nepotismo, la arbitrariedad al nombrar funcionarios públicos en los ámbitos federal y local sin formación ni capacidad para ejercer sus atribuciones, la entrega de contratos multimillonarios de obras y servicios en la absoluta opacidad, los conflictos de interés, la imposición de personajes en los órganos de vigilancia, entre otros, no permiten tener muchas esperanzas en el renacimiento de la honestidad pública.
Las benditas redes sociales
“No entiendo porque AMLO canceló la prueba gratuita del Tamiz, esencial para salvar la vida de bebés, no todas las familias cuentan con dinero para solventar el costo de esa prueba en laboratorios particulares, esta decisión es la más neoliberal y cruel de su sexenio”. Karina Velasco @karivsco
¿Se podrá ‘tropicalizar’ el modelo anti-corrupción de Valencia?
Este fin de semana, gracias a la invitación del director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Rafael Castillo Zugasti, algunos periodistas tuvimos la oportunidad de dialogar directamente con Alfonso Puncel Chornet, subsecretario de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Comunidad Valenciana, quien fue invitado por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para exponer ante alcaldes del estado sobre la experiencia exitosa de un sistema que, a diferencia del mexicano, permite detectar a tiempo actos que podrían ser constitutivos de delitos de corrupción cuando estos se estén cometiendo, y que ha logrado no solo contener la realización de estos actos sino castigar a quienes hayan incurrido en ellos no solo con cárcel sino con la devolución de los fondos ilícitamente sustraídos del erario.
Mientras en la comunidad valenciana, gobernada por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), han logrado recuperar grandes sumas de recursos sustraídos ilegalmente y se ha instaurado un sistema que permite en tiempo presente contener posibles actos de corrupción, en México seguimos sin políticas claras al respecto. Que al menos con un sentido aspiracional, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno, explore el mecanismo instaurado en Valencia para ver si es posible, con el apoyo de ese gobierno autonómico, “tropicalizarlo” a las condiciones de Veracruz, permite tener cierta expectativa de que el combate a la corrupción no es un mero lema electoral.
Esperemos que, al menos los alcaldes surgidos de Morena (lo que personalmente veo muy difícil), se interesen en crear sistemas municipales anticorrupción y gobierno abierto y que, en el ámbito estatal, se estacionen algunas políticas específicas que permitan evitar a tiempo cualquier acto de corrupción.
Por lo pronto, Alfonso Puncel recibió muchas preguntas de quienes acudimos al encuentro. Qué tanto es posible no solo detectar sino evitar en administraciones municipales actos de corrupción forzados por grupos delictivos, organizaciones políticas e, incluso, empresas amparadas por emporios periodísticos; cómo operar el modelo sin la obligatoriedad de hacer públicas y transparentes las acciones administrativas por parte de los entes públicos; cómo hacer posible que un sistema de ese tipo pueda en México instituirse en el sistema jurídico para hacerlo obligatorio; qué permite evitar que el ya de por sí obeso aparato burocrático se ensanche aún más con las acciones de vigilancia expedita.
Se ve lejos, pero hay que dar el primer paso.
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