*Advierte que no debe haber complicidades
Orizaba, Ver.– Ante las denuncias ciudadanas por presuntas descargas contaminantes en el río Chicola–San Miguel, que atraviesa los municipios de Ixtaczoquitlán y Fortín, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, se comprometió a intervenir directamente para esclarecer el origen de la contaminación y determinar responsabilidades.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el legislador reconoció la preocupación que existe entre habitantes de la región, quienes desde diciembre de 2025 han documentado cambios en la coloración del agua, malos olores y posibles descargas nocturnas en el afluente, situación que incluso ha sido denunciada ante diversas instancias ambientales.
Al respecto, Bautista Hernández señaló que ya tuvo comunicación con autoridades municipales de Ixtaczoquitlán sobre la problemática relacionada con algunos manantiales en la zona de Cuautlapan y Campo Chico, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó análisis preliminares que señalaron turbiedad natural y no contaminación química.
Sin embargo, reconoció que el caso del río San Miguel–Chicola, donde habitantes han identificado posibles puntos de descarga, requiere una revisión más profunda. “Si existen denuncias y pruebas, debemos atenderlas. Hago un exhorto a los alcaldes de estas demarcaciones para que soliciten formalmente el apoyo del Congreso. Yo personalmente acudiré al lugar y llevaré gente de laboratorio para tomar muestras y determinar qué está pasando”, afirmó.
El diputado insistió en que cualquier irregularidad debe investigarse a fondo para evitar impunidad. “Que se finquen responsabilidades y que no haya complicidad. Si hay empresas o quien resulte responsable, debe aplicarse la ley”, subrayó.
La problemática ambiental ha sido documentada por pobladores y representantes ejidales, quienes aseguran que desde finales de 2025 el río presenta episodios recurrentes de contaminación. Incluso señalan la posible existencia de un ducto de descarga identificado durante recorridos realizados junto con autoridades ambientales.
De acuerdo con los denunciantes, la situación no solo afecta el cauce del río, sino también manantiales cercanos y actividades agrícolas de la zona, además de representar un riesgo para la biodiversidad dentro del Área Natural Protegida Metlac–Río Blanco.
A más de tres meses de las primeras denuncias formales ante dependencias como Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, hasta ahora no se ha hecho público un dictamen técnico que determine el origen de las descargas.
Ante este escenario, el presidente de la Jucopo reiteró que el Congreso puede intervenir para impulsar investigaciones técnicas que permitan aclarar la situación, pero solo ante denuncias formales. “Si este tema llega formalmente a nuestra mesa, le vamos a dar seguimiento. No podemos permitir que se dañe el medio ambiente ni que se afecte a las comunidades”, puntualizó.
