Xalapa, Ver.— Dos elementos de la extinta Fuerza Civil de Veracruz fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de dos adolescentes ocurrida el 2 de julio de 2021 en la comunidad de La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, hecho que generó amplia conmoción social y señalamientos por posibles violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con información oficial, los exuniformados identificados como Eder “N” y Miguel “N” fueron imputados por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de los menores Jonathan Herrera Aguilar, de 13 años de edad, y su primo Eduardo Jiménez Aguilar, de 15 años.

Los hechos
Según las investigaciones, los adolescentes fueron privados de la vida mientras se encontraban en el patio de su domicilio lavando una camioneta, durante un operativo realizado por elementos de la entonces Fuerza Civil en dicha localidad.

Los menores recibieron múltiples impactos de arma de fuego, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

El caso generó indignación entre habitantes del municipio y familiares de las víctimas, quienes desde un inicio cuestionaron la versión oficial presentada por las autoridades de seguridad.

Versión inicial y rectificación oficial
Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó inicialmente que las muertes habían ocurrido en medio de un presunto fuego cruzado durante un enfrentamiento armado. Sin embargo, familiares de los adolescentes rechazaron dicha versión y denunciaron irregularidades en la actuación policial.

Días después, el 5 de julio de 2021, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció públicamente que los menores eran inocentes y que no tenían relación alguna con actividades delictivas, lo que modificó la narrativa oficial del caso.

El caso fue turnado a instancias ministeriales y también derivó en una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo que inició el seguimiento correspondiente por posibles violaciones graves a derechos fundamentales.

Tras casi cinco años de investigaciones, las autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra los dos exintegrantes de la corporación policial.

Ambos fueron presentados ante un juez de control, quien legalizó su detención y formuló imputación por el delito señalado.

Se informó que será el próximo 6 de marzo cuando la autoridad judicial determine si los imputados serán vinculados o no a proceso penal, conforme a los elementos presentados por la Fiscalía.

La muerte de Jonathan y Eduardo provocó protestas y exigencias de justicia por parte de familiares y organizaciones civiles, quienes solicitaron el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.

El caso se convirtió en uno de los más representativos en Veracruz respecto a señalamientos de uso excesivo de la fuerza durante operativos policiales.

Con la detención de los exelementos de la Fuerza Civil, el proceso judicial entra en una nueva etapa, en la que se determinará la responsabilidad penal correspondiente conforme al debido proceso.