Conforme a la doctrina jurídica y a cualquier código penal, el delito de homicidio básicamente se acredita por la privación de la vida. Sin embargo, la dinámica oficial en los discursos para dar a conocer de tantos y tantos eventos que mantienen a la sociedad en estado de pánico, por ser testigos presenciales de balaceras, de descubrimiento de cadáveres, etc., me permite entender que muy posiblemente hemos vivido en el error, toda vez que cuando se trata de las conferencias de prensa a propósito de estas tragedias, que se han normalizado en todo el territorio del estado, al grado de que ya no nos sorprenden, los funcionarios sin consultar a los teóricos ni a los legisladores se atreven de facto a reformar la norma jurídica incorporándole un supuesto de excepción que ésta no contiene, afirmo lo anterior en la medida de la expresión frecuente de que las víctimas están vinculadas con el crimen organizado. Como si este supuesto implicara que no resulta en un delito, y por lo tanto, la autoridad no está obligada a investigarlo, a encontrar a los culpables y a llevarlos a proceso ante un juez.
No puede pasar desapercibido que al momento de la conferencia se describe con lujo de detalles el expediente personal de la víctima, dando a pensar un trabajo de inteligencia del gobierno, que sería para aplaudir, porque si fuera cierto, uno se pregunta ¿qué es lo que esperaba la fiscalía para detenerlo? Pues tenia un conocimiento profundo de las actividades de la víctima.
Así, el hecho de que alguien tenga – supuestamente- vínculos con el crimen organizado, ¿es motivo de excepción para realizar la investigación correspondiente y castigar el delito?. ¿La sociedad veracruzana se conforma con esa explicación en lugar de la aplicación de la ley? ¿Cuándo la fiscalía rinde cuentas en el congreso del estado, los ciudadanos jamás nos enteramos de datos básicos para saber si cumple con su función, aunque suponemos que sus resultados son raquíticos, por ejemplo ¿Cuántos delitos conoció la fiscalía en un año? ¿Cuántos de esos delitos fueron investigados? ¿Cuántos de esos delitos, la autoridad sólo tomó nota y archivo el expediente en un cajón? ¿Cuántos de los delitos investigados llevaron a los culpables ante un juez? Y quizá la pregunta más importante para la sociedad: ¿Cuántos de esos delitos terminaron en sentencia condenatoria para el culpable? A fin de cuentas, ¿cuantas víctimas de éstos delitos obtuvieron la justicia que reclaman a un estado de derecho?
Los veracruzanos hemos visto los esfuerzos del gobierno del estado para combatir la impunidad que derivó en corrupción en el sexenio pasado, lo cual resulta muy loable, sin embargo, una y otra vez nos preguntamos la razón de la justicia selectiva, ¿por qué unos sí y otros no? A fin de cuentas, la víctima de estos delitos fue todo el pueblo veracruzano, quien requiere que lo defiendan pero también que lo informen.
No nada más en Veracruz, sino en todo México y en todas las instituciones existe manejo discrecional de los órganos de procuración de justicia, e incluso hasta de los puestos públicos, como es el caso de diputados y senadores.
Por increíble que parezca, a ojos de todos los ciudadanos nos encontramos con violaciones flagrantes a la ley, de las secrecía en las investigaciones e incluso con una absoluta falta de ética por parte algunos personas de la política que hemos considerado como próceres de la nación. A pesar de ello, la ignorancia sobre los asuntos legales, impide que el ciudadano reconozca esos actos de falta de ética, moral o simplemente violación al debido proceso, e incluso en el peor de los casos, utilización facciosa de las instituciones de justicia para beneficiar a grupos políticos o económicos.
Por poner un ejemplo, recordemos cuando Diego Fernández de Cevallos era senador y a su vez litigaba asuntos de particulares, conjuntamente con otro senador, Fauzi Hamdan Hamad, alegando que jamás tuvieron conflicto de interés, a pesar de que era el propio senado quien ratificaba tanto a los magistrados del otrora tribunal fiscal cuando ellos litigaban asuntos fiscales, y también cuando los nombramientos de la suprema corte de justicia se ratificaban en el propio senado de la República. Así, los juzgadores de última instancia, debían sus puestos a los litigantes en contra del estado, mismos que siempre alegaron que no había conflicto de interés en su actuación, pero que demostraron utilizar sus puestos para su beneficio personal –faltando a la ética y sin sanción popular ni legal- .
Hoy, vemos que sucede lo nunca visto. Anaya, el candidato de acción nacional a la presidencia de la república, se presenta en la PGR a entregar un escrito y se filtra un video con su imagen y sus expresiones, es decir, el gobierno actual está de verdad utilizando una institución que debería tener cierto grado de confianza de los ciudadanos, para atacar a un contrincante político. Lo cual a su vez, nos ratifica a todos los mexicanos que mientras la ley se aplica para los enemigos del sistema, a los favoritos del sistema no se les aplica la misma ley que debería de regir a todos los mexicanos. Se realiza un linchamiento mediático, aunque la aplicación de la ley sigue esperando el sueño de los justos. Si se tratara de un particular, con las evidencias que hay, ya habría sido citado ante la PGR, pero como se trata de un político de altos vuelos, sólo se le agrede a periodicazos, dañando su imagen pública. México espera justicia en este caso, y todos los señalamientos que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos autónomos de fiscalización de los estados, cualquiera que sea su nombre, aunque estemos acostumbrados a la impunidad, que es el verdadero enemigo. La posibilidad de cometer delitos y que éstos queden impunes, pues la corrupción es un delito que en México queda impune casi siempre. Como impune queda siempre el derecho de las víctimas de justicia.
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