Ixtaczoquitlán, Ver.— El alcalde José Luis Cortés Gutiérrez, reconoció que el descontento de la población por la operación de un tiradero en la zona de Lagunilla es “justificado”, al tiempo que confirmó que el retiro de sellos de clausura se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En entrevista, el edil explicó que, aunque el Ayuntamiento había clausurado el sitio el pasado 12 de marzo por carecer de permisos municipales, la autoridad fue notificada de una suspensión provisional dentro de un juicio contencioso administrativo, lo que obligó legalmente a retirar los sellos. “Un tema es el enojo de la ciudadanía, que es válido, y otro es el tema legal. Nosotros debemos acatar las resoluciones mientras se define el fondo del asunto”, señaló.

Detalló que el expediente 118/2026 fue promovido por particulares ante el tribunal con sede en Xalapa, quienes argumentan contar con autorizaciones estatales para la operación del sitio, lo que derivó en la medida cautelar que dejó sin efecto temporal la clausura.

No obstante, el alcalde subrayó que el Ayuntamiento no respalda la apertura del tiradero y continuará dando seguimiento legal al caso, en coordinación con distintas dependencias estatales y federales. “El municipio no está a favor de la operación. Vamos a agotar las instancias legales para defender a los ciudadanos”, afirmó.

Durante una reunión sostenida con habitantes inconformes, el edil reiteró que la administración municipal brindará respaldo jurídico a las comunidades afectadas y acompañará las acciones que emprendan, incluida la posible interposición de recursos legales.

Asimismo, anunció que se realizarán análisis de agua en pozos cercanos para descartar o confirmar afectaciones al manto acuífero, una de las principales preocupaciones de la población.

Habitantes han denunciado que el tiradero representa un riesgo sanitario por la acumulación de residuos orgánicos e industriales, además de la posible proliferación de plagas, como el gusano barrenador, situación que dijo deberá ser evaluada técnicamente. “El sentir de la gente es claro: hay preocupación por la salud y el medio ambiente. Por eso vamos a integrar una comisión con representantes ciudadanos para llevar el caso ante la Secretaría de Medio Ambiente”, agregó.

El alcalde también confirmó que el conflicto podría escalar a otras instancias, luego de que pobladores analizan promover amparos y denuncias, mientras que el Ayuntamiento deberá responder legalmente en un plazo de 15 días hábiles dentro del proceso en curso.

En tanto, los habitantes mantienen su exigencia de clausura definitiva del tiradero, al considerar que la operación del sitio pone en riesgo a miles de familias de la región.