Si de algo nos vamos a lamentar (si sobrevivimos) al término de los gobiernos federal y estatal de Morena, además de que nunca hallaron la fórmula para combatir la violencia criminal, es del desamparo en que dejaron a toda la población (incluidos los pobres que eran su prioridad) en medio de la pandemia y, aunque en 2024, se sigan lamentando del desastroso estado en que los gobiernos neoliberales dejaron al sector Salud, lo cierto es que entonces lo habrán hecho añicos.
Hasta este domingo, sin contabilizar las cifras de la jornada completa, sumaban 56 mil 543 muertos por Covid-19 en el país. Con las cifras que haya otorgado este domingo por la noche la Secretaría de Salud federal, la cifra de muertos por Covid-19 será mayor a la de muertos por homicidios dolosos y feminicidios registrados del primero de diciembre de 2018 al 31 de junio de 2020 que, según las cifras oficiales, es de 56 mil 603.
En total, tan solo por dos causas letales, homicidio y coronavirus, el gobierno federal y los gobiernos estatales de todos los tintes políticos cargan sobre sus espaldas la muerte de más de 110 mil mexicanos.
Por desgracia, no son las únicas causas de muerte: concentrados en el Covid-19, con un sector Salud que, en medio de la pandemia, ha sido recortado en su presupuesto respecto a años anteriores, con decisiones unilaterales del presidente que ordena sin más cortar recursos y programas vitales para la salud de millones, las demás enfermedades crónico-degenerativas, comorbilidades e, incluso, situaciones derivadas de accidentes, han sido prácticamente olvidadas.
Miles de mexicanos han visto desmejorar su quebrantada salud e, incluso, han muerto porque no han recibido atención médica en hospitales, no han tenido acceso a medicamentos o, en el momento en que lo han requerido urgentemente, no ha habido personal médico y de enfermería, espacios o instrumental médico.
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se ha convertido en una vil chapuza del presidente Andrés Manuel López Obrador; no existe, solo es un hálito espiritual con la misma “efectividad” que la que dota cualquier creencia religiosa.
Su creadora, Ana Cristina Laurell, debió renunciar como subsecretaria de Salud el 19 de junio pasado y, junto con ella, la investigadora de la UV y exsíndica del ayuntamiento morenista, Ivonne Cisneros Luján, ha debido buscar refugio en la estructura nacional de Morena como encargada de encuestas.
En efecto, todo mundo habla del Insabi, para bien o para mal, pero nadie puede verlo: no tiene estructura ni presupuesto, es simplemente una entelequia, es decir, una “cosa, persona o situación perfecta e ideal que solo existe en la imaginación”.
Los ahorros a costa de la salud
Para quienes maldicen toda observación crítica al actual gobierno de Morena, hay que decirles (aunque no valdrá para nada) que en el mero auge de la epidemia de Covid-19, la Secretaría de Salud federal tuvo un recorte de mil 884 millones de pesos entre enero y mayo, según reportes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Programa de Vigilancia Epidemiológica tenía programado recibir 249.4 millones, pero se pagaron sólo 152.5 millones, un recorte de 96.9 millones de pesos, mientras que a la subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, a cargo de Hugo López-Gatell, le recortaron 47 millones de pesos.
El Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios Enero-Mayo 2020 de Hacienda señala que, de un gasto previsto en salud por 128 mil 826.4 millones de pesos, sólo se ejercieron 126 mil 942.1 millones de pesos, lo que representa un recorte total de 1.5 por ciento.
Durante la epidemia, las autoridades sanitarias han atribuido a las comorbilidades, entre ellas diabetes y exceso de peso, una parte importante del número de decesos por Covid-19. Por desgracia, los programas para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes sufrieron también uno de los mayores recortes en el presupuesto que debía ejercerse entre enero y mayo, por un monto de 232.1 millones de pesos; así, del gasto previsto por 451.3 millones de pesos, sólo se dispuso de 219.2 millones.
Si no hay un viraje a tiempo (y no lo habrá porque AMLO es necio), su gobierno será conocido como el sexenio de la muerte, y es que México tendrá en seis años más muertes que países en los que se libran guerras internas o invasiones militares externas.
Padres de niños con cáncer buscan amparo de la justicia federal
Este fin de semana, el semanarioProceso publicó una investigación de la organización Impunidad Cero del periodista Alejandro Melgoza, sobre un amparo impulsado por la organización Justicia Justa que responsabiliza a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por desproteger y desamparar a 260 niños y niñas con cáncer del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.
Es tan omiso el gobierno federal con los niños con cáncer que debieron solicitar el pasado 21 de junio una suspensión mediante el juicio de amparo 579/2020 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por “el desabasto total de medicamentos”.
El litigio seguido por la organización Justicia Justa señala la falta de 20 tipos de medicamentos en ese hospital de Tuxtla Gutiérrez, el incumplimiento del 100% de atención por cáncer infantil y las fallas en los tratamientos desde marzo de 2020.
“Es un hecho notorio que la interrupción del tratamiento de cáncer provoca la muerte de los pacientes, por lo que el otorgamiento de esta medida cautelar (para otorgar los medicamentos) es una cuestión humanitaria y de protección del derecho humano más básico que protege la Constitución Federal, que es el derecho a la vida, máxime que se trata de niños, niñas y adolescentes”, señala el amparo al cual tuvo acceso el reportero durante una investigación llevada a cabo por Impunidad Cero, organización que mide y visibiliza la impunidad en México.
El director de Justicia Justa, Luis Pérez de Acha, explica que este es el primer amparo que busca responsabilizar a la Ssa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no a los médicos: “El secretario de Salud dice que no es responsable, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda tampoco, el secretario de Hacienda tampoco. ¿Nadie es responsable del desabasto de medicamentos? Y con eso se reafirma la invención perversa de culpar a los médicos tratantes (…). Se les quiere hacer chivos expiatorios de una manera malévola”, dice.
Los principales hallazgos de esta investigación sobre las irregularidades y el desabasto de medicamentos para niños con cáncer en el estado de Chiapas son:
El amparo interpuesto por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica responsabiliza a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de medicamentos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer de 260 niños, niñas y adolescentes en Chiapas.
El objetivo del amparo es asegurar que estos jóvenes pacientes obtengan los medicamentos que necesitan con urgencia y que es obligación del Estado mexicano proveer.
Aunque la pandemia por el COVID-19 ha empeorado este desabasto, lo cierto es que este problema inició, al menos, desde 2019, y no se limita a Chiapas, sino que se han registrado situaciones similares en los estados de Baja California, Ciudad de México, Sonora y Oaxaca.
Nosotros agregaríamos a Veracruz, donde los padres de niños con cáncer han debido cerrar vialidades, salir a los medios a pedir apoyo, implorar al gobernador Cuitláhuac García y al inepto secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, se priorice la adquisición de los medicamentos para los niños con cáncer, y solo han obtenido como respuesta de ambos un desmentido de los dichos y la cínica aseveración de que no hay desabasto.
Hipólito y Cuitláhuac, ¿agarrados del chongo?
Aunque este domingo el ayuntamiento de Xalapa envió un comunicado para señalar que con el apoyo del gobierno del estado se atenderán las áreas verdes de Xalapa, convertidas en pastizales o en áreas llenas de maleza por omisión del ayuntamiento capitalino, lo cierto es que nuevamente ha debido salir el gobernador a hacerla de jardinero para que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero deje la pereza que le caracteriza y ponga manos a la obra en sus obligaciones como autoridad municipal.
Ya había dicho en días pasados que era más importante atender la emergencia sanitaria que podar el césped, como si ambas cosas no fueran parte de las tareas de un ayuntamiento.
La cuadrilla de jardineros y chapeadores encabezada por el gobernador y su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que el sábado limpió la zona del trébol en el acceso a la ciudad, no fue porque los funcionarios estatales no tengan nada mejor que hacer.
El estado se encuentra en una situación crítica por la violencia y la mortalidad por el coronavirus, mientras las familias se hunden en la miseria sin opciones de empleo, y cada vez más pequeñas y medianas empresas fenecen. Resolver o paliar los efectos de esos graves padecimientos debieran ser sus principales ocupaciones.
¿Por qué entonces ir a mostrar sus escasas habilidades en tareas del campo? Aunque pareciera (y fuera) una burda manera de llamar a cuentas a un alcalde que está poniendo en riesgo la permanencia de Morena más allá de 2021, lo cierto es que muestra una fuerte confrontación entre dos inmuebles separados por el Parque Juárez y la calle Enríquez, pese a estar rentados ambos a inquilinos morenistas.
Poco antes de asumir el poder en diciembre de 2018, fue Eric Cisneros quien puso la salsa picante con el munícipe, al convocar a sus amigos a aportar pintura y otros materiales de construcción que permitieran, sin concurso del ayuntamiento o del gobierno estatal yunista, mejorar la imagen urbana dejada al arbitrio del tiempo y el uso por parte del alcalde morenista.
Hipólito Rodríguez salió trasquilado (como también salieron malheridos en la trifulca de las redes sociales los funcionarios estatales) y este domingo quiso regresar el bumerang. Agradeció al gobierno estatal que se suma al mantenimiento y conservación de las áreas verdes, parques y jardines de la ciudad que son competencia estatal y, en contraprestación, el ayuntamiento apoyará en el mantenimiento de áreas de competencia estatal como algunos panteones, el Parque Natura y calles y señalamientos a cargo de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado.
¿Ya así se llevan de pesado? ¿Ahora van a definir, como si fueran de bandos opuestos, qué es competencia municipal y qué estatal? Eso sí, junto con su boletín, el ayuntamiento manda una imagen donde se observan sonrientes y cercanos físicamente el alcalde y el gobernador, este último ya desprovisto de su machete.
Frases sin disfraces
“La gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos. La verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta”. Clint Eastwood
Comentarios:belin.alvaro@gmail.com