Lo que sigue pretende ser una guía para los candidatos a diputado local y federal de todos los partidos políticos. Esta guía nace a raíz de un reto que me impuse: Reflexionar que es lo que más le urge a México, además de la sobada lucha contra la impunidad para frenar la corrupción, y combatir la inseguridad.
Imaginemos que ya estoy en el congreso, ya sea estatal o federal. Lo primero que haría sería comenzar a cumplir mis promesas de campaña, que se basan en darle al ciudadano el lugar que merece, de respeto y calidad por parte del gobierno, ya sea estatal o federal.
Lo primero sería regresar al distrito que me eligió y acordar con los ciudadanos que trabajemos unidos en la agenda de respeto para ellos mismos. A todos nos urge cambiar la mentalidad de los servidores públicos, que con cualquier puesto se sienten superiores al resto de la población, tenemos que ubicarlos con la fuerza de la ley. Obligarlos a ubicarse en su función de servir a la ciudadanía en lugar de tratarnos como si fuéramos sus vasallos.
Algunas leyes tendríamos que promover de inmediato, por ejemplo, la de que si en una caseta la espera para el cobro sería superior a siete minutos el paso debe de ser gratuito y fluido. Si en una carretera se estuviera llevando a cabo una reconstrucción o reparación, la propia constructora en coordinación con la estructura de gobierno que la contrató y las autoridades encargadas de proporcionar seguridad a los ciudadanos, tendrán la obligación de impedir esperas mayores a cinco minutos, pasado ese tiempo, tendrán las siguientes obligaciones: La empresa deberá de indemnizar con cierta cantidad de dinero a los ciudadanos detenidos por cada minuto adicional de espera, y en el caso de las autoridades, si hubiera algún acto delictivo, responderán con su patrimonio por el que hubiera perdido el ciudadano asaltado.
En caso de no bajar los índices de robo a vehículo en cualquier carretera, los responsables de la seguridad de los ciudadanos perderán su trabajo sin derecho a indemnización y serán investigados por su posible colusión con los delincuentes. La autoridad encargada, será responsable y responderá de la misma manera, en caso de robos a trenes en toda la red de vías férreas.
Si un municipio, un estado o la federación no cumplieran con su obligación constitucional de proporcionar seguridad a los habitantes de su zona de influencia, en dicha zona no se pagará ningún impuesto, municipal, estatal o federal según sea el caso, hasta el momento en que se restablezca la paz social, en un período continuo de 90 días.
Los ciudadanos no deberán esperar más de 20 minutos para iniciar la realización de cualquier tipo de trámite, ya sea recibir atención médica, o atención de cualquier tipo de trámite que pudieran realizar con autoridades municipales, estatales o federales. Dichas autoridades estarán monitoreadas mediante cámaras de seguridad, y en caso de incumplir con la norma, serán sancionadas de manera pecuniaria o incluso con la separación del cargo.
Será responsabilidad de las propias autoridades medir las horas pico y tener personal adicional para poder atender a los ciudadanos con prontitud, eficacia y respeto.
Los resultados estadísticos de los trabajos realizados por los ministerios públicos estatales y federales, serán publicados mensualmente. La estadística de crímenes esclarecidos no podrá ser inferior al 75%. Será responsabilidad de los estados y la federación proporcionar los equipos materiales y humanos para que se cumpla este mandato de manera estricta.
Las reparaciones de vialidades se realizarán de preferencia de noche, y si fuera necesario realizarlas de día, se requerirá el peritaje de dos autoridades diferentes para poder autorizarlo. Los municipios, estados y federación deberán utilizar tecnología de punta, para reducir al mínimo las molestias que la obra pública cause a los ciudadanos. En caso de no hacerlo habrá sanciones para los funcionarios públicos responsables.
En un plazo no mayor a dos años, todos los municipios del país deberán contar con plantas operativas de tratamiento de aguas negras. Profepa y sus equivalentes estatales y municipales serán responsables de la verificación de la calidad del agua en todos los ríos y vías de agua del país. Si en algún lugar, el agua no cumpliera con las normas internacionales de calidad, la autoridad que permitiera su contaminación será sancionada.
Se promoverán e incluso exentarán de impuestos y se promoverá el uso de energías limpias en todas las industrias, comercios y casas del país. Habrá subsidios para adquisición de autos híbridos o eléctricos para servicio público de taxis. La calidad del servicio de taxis y la confiabilidad de los taxistas deberá ser verificada por la autoridad correspondiente. Cada taxi al subir a un pasajero emitirá un plan de ruta conocido por las autoridades de seguridad, y en caso de desviarse, de inmediato será interrogado por la patrulla más cercana.
Será obligatorio el reciclaje para todos los mexicanos. Municipios tendrán la obligación de entregar vales con un valor a determinar por cada kilo de materiales reciclables que entregue cada familia, mismos que serán vendidos por los municipios integrando los ingresos a la tesorería. Las familias mexicanas podrán pagar sus servicios públicos básicos con los vales mencionados y podrán incluso en marzo de cada año, monetizar el valor de los vales que hubieran excedido sus pagos de predial, drenaje, limpia pública, agua potable etc. Todos los servicios municipales podrán ser cubiertos con dichos vales.
Cualquier funcionario público que viole los derechos humanos de un ciudadano, sufrirá penas severas. La tortura y los abusos de autoridad serán excluidos totalmente de nuestra sociedad.
Se aumentarán las penas por delitos de corrupción y cohecho, y se ampliarán los plazos para su prescripción. Las autoridades de seguridad deberán portar una cámara de video permanentemente prendida en sus vehículos y otra más en su uniforme, ambas conectadas vía internet con la central que corresponda para vigilar su comportamiento y acciones.
Cualquier desperfecto del mobiliario urbano o de las vialidades no atendido en 72 horas por la autoridad correspondiente, causará sanción económica a dicha autoridad, previa prueba de su reporte por parte de algún ciudadano mediante a app correspondiente, misma que conservara en una base de datos independiente, todos los avisos realizados por los ciudadanos en cada municipio del país.
El SAT deberá de hacer eficientes sus procesos de fiscalización, eliminando las molestias que le causa a los ciudadanos, para que sean los propios ciudadanos los que realicen las labores iniciales de obtención de datos para el propio SAT. En un período no mayor a dos años deberá desaparecer la factura 3.3, recuperando el país cantidades considerables de horas hombre, que hoy se pierden en beneficio de esa dependencia federal.
Habrá de llevarse a cabo una verdadera reducción de trámites y papeleo en todas las dependencias de gobierno, enlazando federación, estados y municipios, para reducir al mínimo las molestias generadas al ciudadano en su trato con el gobierno.
Una vez obtenida la credencial del INE, servirá de prueba plena para efectos de personalidad y domicilio, evitando requisitos adicionales en cualquier trámite a realizar por parte de los ciudadanos.
Con esto, y muchas ideas más que irán surgiendo, comenzaríamos a darle el valor que merecen a los ciudadanos mexicanos, eliminando ineficiencias en el quehacer público.
