Orizaba, Ver.- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que promoverá una serie de amparos para proteger a sus agremiados ante cualquier intento de proceso legal o carpeta de investigación derivada de las movilizaciones realizadas el pasado 24 de noviembre.

En entrevista Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC, afirmó que la decisión surge tras las amenazas públicas de la Presidenta de la República, de la Secretaría de Gobernación federal y de autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz.

Martínez explicó que los transportistas no exigen dinero ni buscan beneficios particulares, sino que mantienen un reclamo legítimo que llevan años intentando resolver sin respuesta del Gobierno federal, por lo que aseguró que las demandas están enfocadas en mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras, crear una fiscalía especializada en accidentes y delitos viales, y retirar los retenes de la Policía Ministerial y Estatal, los cuales son señalados por presuntas extorsiones y por generar riesgos innecesarios durante los traslados.

El representante legal sostuvo que la protesta del 24 de noviembre no fue un bloqueo total y que en ningún momento se paralizó el flujo vehicular, por lo que no procede considerarla un delito federal, como han sugerido algunas autoridades.

Acusó al Gobierno federal de intentar desprestigiar el movimiento al insinuar vínculos partidistas entre los transportistas y recordó que incluso dentro de Morena existen operadores, campesinos y ciudadanos que respaldan esta lucha porque padecen los mismos problemas en carretera.

Álvaro Martínez advirtió que las amenazas gubernamentales no sólo buscan intimidar, sino que podrían abrir la puerta a riesgos mayores, como desapariciones forzadas o agresiones contra líderes sociales, tal como ha ocurrido en otros casos. Por ello, explicó que los amparos se presentarán de manera preventiva para resguardar la integridad de los participantes y garantizar su derecho a manifestarse sin represalias.

Calificó como grave error que desde el poder público se intente amedrentar a la ciudadanía y destacó que las autoridades están obligadas a escuchar demandas que benefician a toda la población, no únicamente al sector transportista. Reiteró que no se trata de un movimiento político, sino de una exigencia general por mayor seguridad y justicia en las carreteras del país.

Martínez añadió que las tres propuestas que mantienen sobre la mesa son simples, legítimas y orientadas a la protección de millones de usuarios de las vías federales y estatales. Señaló que, una vez que se otorguen las primeras suspensiones provisionales, quedará claro que los transportistas han actuado dentro de la legalidad y que sus movilizaciones responden a un derecho constitucional.

Concluyó que la ANTAC continuará su lucha por una atención real a la problemática carretera y advirtió que no permitirán que intentos de intimidación desvirtúen su movimiento ni silencien sus demandas.