*Anda cerca la guadaña
*páginas obscurantistas
*Calvario para emplacar
Desde un principio el “nuevo delito” identificado por las actuales autoridades federales, estatales y municipales como el de “ultrajes a la autoridad” propuesta que obviamente fue de inmediato alentada por el Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador, ha sido calificado por los expertos (desde antes de convertirse la propuesta en proyecto de ley) como una aberración tanto en el marco constitucional en lo general, como específicamente en lo referente a la administración de justicia, en tanto que no sólo se convertía en aberración, el hecho de que un ciudadano fuera esposado y trasladado a las mazmorras carcelarias, ello por señalar actitudes arbitrarias de elementos de seguridad pública, sino que de la misma forma, el “núcleo en el poder” ha pretendido de siempre el resguardarse de las críticas y de señalamientos que opacan la limpieza de la administración pública, finalidad que incuestionablemente otorgó origen al “amenazante nuevo delito” clasificado en los espacios gobiernistas como “Ultrajes a la Autoridad” mismos que se convertían en “un pecado mayor” que abría las puertas de las cárceles para “los infames” que lo que cometieran, precedentes que por sí mismos (por sus propias características) son indicadores de un atentado a las libertades de manifestación y protesta, que desde el triunfo de la Revolución Mexicana, forman parte de los tesoros constitucionales que (a la vez) representan pilares indestructibles de los derechos irrenunciables de todos nosotros, los mexicanos.
Es por ello que seguramente en el cierre del mes de febrero y el inicio de marzo del año 2022, habrá de convertirse para los mexicanos en días de gloria nacional, horas en las quienes ejercen la justicia en el más alto nivel de nuestra estructura jurídica, dieron muestra de calidad moral y apego estricto a nuestra Constitución y leyes que de ella emanan, al pronunciarse en la suprema tribuna judicial del país, por la “inconstitucionalidad” de tal ocurrencia en los escenarios gubernamentales, marcos en los cuales se registró la barbarie de convertir en delito, una acción que de hecho es claro derecho de los mexicanos, como lo es el de expresar su sentir y pensar, aprobando o desaprobando las actividades y determinaciones gubernamentales.
Los altos funcionarios que vigilan el cumplimiento de la justicia en nuestro país, coincidieron en su mayoría que la vigencia de la justicia es la inexistencia de lo que es injusto, por lo que calificar como injurias a la autoridad, la voz de quien muestra su desacuerdo con el proceder en ciertos espacios gubernamentales, no constituye un delito, dado que contraviene las libertades que la misma autoridad debe garantizar al ciudadano, como lo es el derecho de disentir, mostrando agudo desacuerdo con acciones ejecutadas por las autoridades.
La libertad de disentir, de mostrar desacuerdo, incluso de protestar por no coincidir con actividades y determinaciones de funcionarios públicos, forma parte de los más sólidos cimientos de la vida pública entre los mexicanos, valores inalienables que en los espacios de magistrados han sido rotundamente ratificados en las últimos horas en nuestro país, hecho que obviamente nos deja en claro a los mexicanos, el que sí existen en los espacios de la administración de justicia, quienes siempre se deberán mostrarse distantes del totalitarismo y cercanos a las libertades, a los derechos ciudadanos, así como a las leyes que nos rigen.
Hoy en México se muestra vigencia y puertas abiertas al imperio de la legalidad, obviamente es válido el externar el esperanzador deseo de transitar muchos días como éstos.
Lo que se lee
Todo hace indicar que desde ayer martes, cuando se conoció el derrumbe total en referencia al desafortunado y hoy derogado delito “de ultrajes a la autoridad”, quedaron sin efecto la descalificación oficial hacia los núcleos de activistas que pugnaron por su derogación, quienes hoy reclaman (ya con firme energía) “la inmediata liberación” de quienes, por triquiñuelas legaloides de ciertos sectores gubernamentales, han continuado encarcelados señalados del ya reafirmado “adefesio jurídico” denominado como “ultrajes a la autoridad”.
En Veracruz existen decenas de encarcelados indiciados por la ahora invalidada ocurrencia, referencias que, de permanecer igual al amparo de “indicaciones superiores” en verdad que podría dañar de manera severa a quienes incumplen con lo ya dispuesto, lo que acontece en instancias del más alto rango, tratando de cambiar “el pecado” que se les imputa, para cumplir con la prolongada amenaza, por sobre lo dispuesto por las autoridades que califican como ilegales dichos escenarios… Cuidado porque la guadaña anda muy cerca.
Lo que se ve
Muchos son los que en tierras veracruzanas coinciden con el criterio que, en las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus argumentaciones cimentadas incuestionablemente en las leyes que nos rigen, refieren con la Constitución en sus manos que, quienes insisten en la ley del garrote aplicada a los que son víctimas de arbitrariedad, por más y que eleven las manos al “todo-poderoso” seguirán formando parte de las paginas obscurantistas de nuestro presente, como ha sucedido a muchos mexicanos que probaron las mielas del triunfo y terminaron en las mazmorras, no del olvido, sino del repudio social, mismo espacio donde se refiere la sentencia en el sentido de que ante lo mal hecho… Maltrecho quedaras.
Lo que se oye
Muchos son los propietarios de vehículos en tierras veracruzanas, que han elevado sus protestas, indignación y críticas a las autoridades estatales, debido a las posturas intransigentes de funcionarios públicos, pero en especial refieren las intervenciones arbitrarias y prepotentes de las fuerzas armadas, elementos que en dicho proceso actúan cono factores determinantes para autorizar la operación de reemplacamiento, exigencias que colocan a reconocidos ciudadanos como si se tratara de delincuentes, quienes han tenido que realizar hasta diez veces prolongada fila, solo para adquirir sus placas nuevas, en tanto que los uniformados no están de acuerdo con la documentación…
Hasta cuándo entenderemos que los militares son para confrontar la violencia y realizar acciones militarizadas, no vinculadas con trámites rutinarios de millones de mexicanos que trabajan, que les afecta severamente el perder horas e incluso días porque trámites de espacios civiles se han convertido en actividades paramilitares…
¿Habrá en tierras veracruzanas funcionarios hacendarios y un Gobernador, que pudiera evitar el suplicio que están transitanto incontables veracruzanos para renovar las placas de sus vehículos?…
Terrible es que se trate en oficinas de Hacienda y Tránsito del Estado, a honorables familias jarochas como su fueran parte de la delincuencia organizada… ¿Hasta cuándo Señor Gobernador?…
