A más de un mes de la requisa de armas y la desaparición de la Policía Municipal de Orizaba y la llegada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional, la vigilancia en la ciudad no ha mejorado.
Desde inicios de marzo, la compra y venta de equipos de seguridad aumentó. En ferreterías se elevó hasta un 50 por ciento la venta de candados de seguridad, armas deportivas, de diávolos y postas.
Pero también equipo de video vigilancia y la contratación de seguridad privada para que se resguarden los establecimientos.
Aunque también se observan en algunas paredes de comercios y domicilios particulares en el primer cuadro de la ciudad, letreros de “vecinos vigilantes”.
La sociedad se ha armado de valor y se ha organizado en este tipo de “autodefensas”.
A eso ha orillado el Gobierno del Estado. Eso propició el gobernador Cuitláhuac y el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros al desmantelar a la Policía Municipal, la cual daba garantías a los comerciantes establecidos y a las familias, la tranquilidad de salir en la noche sin que sea interrumpida por sujetos extraños.
Hoy ya no es así. Los comercios están cerrando temprano. A las siete de la noche como máximo. Las pérdidas económicas también se registran.
Pero ante la nula seguridad que brinda el Gobierno estatal, los orizabeños se han fajado los pantalones y han advertido que “ratero que agarremos, nos lo chingamos”.
Son vecinos, mujeres, hombres, jóvenes de todas las edades, que ante la falta de un accionar de las autoridades estatales para devolverle a la ciudad la Policía, han decidido tomar las armas para hacer labores de seguridad.
Si la situación en materia de seguridad no mejora, no dude que los vecinos desempolven los palos, tubos, cadenas, hachas y una que otra arma de fuego escondida como la defensa que desencadena el hartazgo de ser víctimas de los delincuentes en calles olvidadas por los policías y autoridades estatales,
Orizaba dejó desde el 14 de febrero de 2021 de ser una ciudad segura. En este Pueblo Mágico los “abrazos y no balazos” no aplicará, sólo la ley del más fuerte, la de los vecinos que aplicarán la ley del linchamiento.
En tanto, los elementos de la policía estatal hacen sus rondines e instalan supuestos operativos contra robo de vehículo para detener tanto a motociclistas y automovilistas para pedir que tengan la licencia, placas, verificación, que tengan los papeles en regla y que porten casco, tarjeta de circulación o la factura. Sino tienen esos documentos, primero les dan “la cortesía” y se van con la promesa de que para la próxima se va detenida la unidad, en otras ocasiones mandan a traer la grúa y se los llevan a los corralones hasta la zona de Coscomatepec o Huatusco, debido a que las grúas de Córdoba están siendo investigadas.
Hay quejas de taxistas y motociclistas que motopatrulleros de la SSP, cuatro por cierto, se dedican a extorsionar a quienes caigan en sus manos. Estos se colocan en retenes a la altura del Trébol de Jalapilla con el entronque en la autopista Puebla-Córdoba o en el crucero de Santa Ana y lo hacen después de las 9 de la noche.
Los empresarios y los orizabeños suplican al Gobierno retornen la Policía Municipal que ahora estará comandada por un teniente de navío de la Secretaría de Marina-Armada de México para evitar ser sospechosos de actuar de la mano con la delincuencia organizada. A ver qué pasa.