Orizaba, Ver.- Luego de que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, señalará que al oponerse los dueños de los verificentros al nuevo esquema de cobro, es porque había corrupción, solo quedó al descubierto la falta de información que hacen llegar al mandatario expuso el concesionario de un centro de verificación vehicular en la ciudad de Córdoba, Arturo torres.
Dijo que un pequeño grupo de propietarios de Verificentros buscan un acercamiento con las autoridades de la Sedema y Sefiplan para que les puedan despejar las dudas que hay en algunos asuntos que se presentan con los vehículos que llegan a realizar ese trámite.
“Nos conformamos en un grupo de 6 personas que queremos tener un acercamiento con las autoridades, tanto de Medio Ambiente como de Finanzas, para poder aclarar algunas dudas, primero que nada por situaciones como las verificaciones que son extemporáneas, de vehículos con placas de otro estado, de las placas que ya prescribieron, que ya no aparecen en el sistema, como las del Tajín, las rojas”, indicó.
Recordó que se alegó corrupción en los Verificentros pues supuestamente si un vehículo echa humo pero lleva su holograma, no se sabe quién lo expidió, lo cual no es cierto, por lo que aseguró por parte de la autoridad hay una mala información o desconocimiento incluso de la propia Secretaría del Medio Ambiente y no le llega la información correcta al Gobernador y es por eso que emite esas declaraciones.
“Quiero pensar que hay mala información por parte de la de la autoridad, de la p´ropia Secretaria de Medio Ambiente, que no le hace llegar la información correcta al Gobernador y es por eso que emite esas declaraciones, lo que queremos es tener un acercamiento con autoridad, de manera tranquila, de manera pacífica, cordial y platicar estas situaciones que para nosotros nos tienen en tela de juicio”.
Dijo que el tema que debe premiar en la verificación es ver si un vehículo contamina o no, por el cuidado del medio ambiente y no la recaudación como un impuesto que se quiere implementar; “Es meramente recaudatorio, es la condición que pretende el Gobierno al trasladar el cobro como si fuera el derecho vehicular”.
