Para el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés no tiene importancia alguna que los 45 municipios que se ven obligados a tirar sus desechos en Colorines, ubicado en Nogales, gasten enormes sumas para el confinamiento, traslado, pago de combustibles y desgaste mecánico de los vehículos de Limpia Pública.

¿Porqué cerró el basurero de Cuitláhuac incluyendo a la procesadora de desechos que ahí se encuentra?

¿Porqué abrió Colorines si antes lo había cerrado argumentando que había filtración de lixiviados a los mantos acuíferos y excesiva contaminación a la tierra y aire?

Sus decisiones deberían ser analizadas en lugar de ser respaldadas a ciegas por el gobernador Cuitláhuac García.

Los 45 municipios que se encuentran obligados a llevar la basura al tiradero de Colorines, ubicado en Nogales generan en total 1000 toneladas de basura al día: tan solo Córdoba contribuyen con 200 toneladas diarias de desechos.

Ahora sus acciones recaudatorias obsesivas están enfocadas a sancionar a todo tipo de empresa asegurando que son contaminantes o que incumplen con algún trámite o documento.

No hay avisos previos: llegan a clausurar e imponer enormes multas.

Tan sólo se habla que a la empresa que anteriormente era o es de Jaime Crivelli, ubicada en Paraje Nuevo llegaron inspectores y la clausuraron en todos sus accesos sin dar tiempo a que el personal que ahí labora saliera y los dejaron adentro. Con sellos y una majestuosa multa.

Es por ellos que Coparmex Veracruz y Coparmex Córdoba-Orizaba se han movilizado contratando especialistas que permitan capacitar a personal de empresas para que sepan como actuar ante un embate de inspectores de la PMA.

No solo en lo referente a la inspección física sino también en lo referente al cumplimiento de la documentación que requieren las autoridades ambientales tanto estatales como federales.

Estas acciones, que en ningún momento han servido para mitigar la grave contaminación que emana de industrias como ingenios, destiladoras de alcohol, empresas papeleras y químicas principalmente no han servido de nada excepto para sacarles dinero.

Ahí están por ejemplo los ingenios El Potrero, la Alcoholera Zapopan, San Miguelito. Pagaron sus multas y siguen tan campantes.

Por cierto, que pasó con el rimbombante programa de rescate y saneamiento del río Blanco. ¿En que disminuyó la impresionante contaminación que vierten a sus aguas empresas asentadas en Escamela, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán?

¿O también solo les aplicaron multas para que pudiera seguir en la impunidad?