Es evidente que el gobernador Miguel Ángel Yunes no tiene el propósito erradicar la pobreza en el estado, sino iniciar una burda compra masiva de votos para intentar garantizar el triunfo electoral del partido político que hoy representa.

Hace un par de días, el mandatario estatal hizo entrega de la tarjeta 600 mil del programa “Veracruz Comienza Contigo”, al mismo tiempo que anunció el inicio del programa “sueldo rosa” para 150 mil madres solteras y 60 mil mujeres en abandono. Tan sólo en estos programas, el gobierno propone subsidiar la carencia económica de más de 810 mil veracruzanos.

La pobreza no se combate repartiendo el dinero público entre la población. Esta desaparece cuando los habitantes de un lugar –en este caso de nuestro estado- cuentan con las condiciones necesarias para generar sus propios ingresos y puedan realizar una actividad productiva que le garantice una vida digna para sus familias. Lo que hoy hace el gobierno de Veracruz es ampliar su política clientelar a cambio de votos.

Y eso es violar la ley. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), se ha establecido una serie de conductas de servidores públicos que rompen con el principio de imparcialidad del proceso electoral. Así, el Gobernador de Veracruz –quien también gusta de cumplir el papel de un fiscal que no respeta las leyes- ha decidido olvidarse de su papel de mandatario para convertirse en el dirigente y operador electoral de su partido.

La máxima autoridad electoral ha dispuesto que a partir del inicio del proceso electoral –es decir, desde el pasado primero de noviembre- y hasta el último día del presente año, dependencias y sus entidades deberán notificar al INE y a los OPLES la convocatoria abierta de los programas que no cuenten con padrón de beneficiarios. Aprobado el Presupuesto de Egresos 2018, no podrán operarse programas no contemplados ni crearse nuevos, salvo que los bienes y servicios sean con el objeto de atenuar los efectos causados por desastres naturales.

Los programas anunciados este sábado no se habían considerado en el presupuesto anual; además, hasta donde sabemos, ni las madres solteras ni las mujeres en el abandono son consecuencia de un desastre natural, sino que se han convertido en la ambición política del Gobernador.

Pero la flagrancia no queda sólo en la temporalidad de los nuevos programas sociales. Según la norma, el reparto de bienes y servicios relativos a programas “que no cuentan con reglas de operación publicadas o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales.” Hasta ahora, nadie conoce el destino de los subsidios que se otorgan con el dinero de todos los veracruzanos; de las reglas de operación, tampoco se sabe nada.

Proponer que los veracruzanos abandonen la pobreza a partir sólo del subsidio de los programas sociales del gobierno es una apuesta populista que implica violaciones a las leyes: en principio, la opacidad en el manejo de los padrones de los programas –establecer quiénes son y dónde están los beneficiarios-, es el alimento de la corrupción y el desvío de recursos para uso electoral.

Un segundo problema es que el presupuesto destinado a estas tareas es escaso, lo que obligará a que se destinen menos recursos a infraestructura –carreteras, hospitales, escuelas públicas, pavimentación o alumbrado público-, a cambio de un efímero ingreso sólo a una parte de la población.

Esta es una gran oportunidad para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirme su autonomía y transparencia, haciendo valer las disposiciones que él mismo ha emitido para este proceso electoral.

El gobernador Miguel Ángel Yunes está apostando a la necesidad y a la pobreza para ganar la elección. En promedio, cada veracruzano tiene un ingreso mensual menor a los 3 mil pesos, uno de los más bajos del país. La ejecución de estos programas -los cuales sólo tendrán una temporalidad electoral debido a que el estado no cuenta con los recursos suficientes para ofrecerlos de manera permanente-, no los rescatará de la pobreza, simplemente lo hará más dependientes de ella.

El combate a la pobreza es el reto más importante que enfrenta el Estado Mexicano. Sin embargo, fortalecer el estado asistencialista es un camino que podría extender nuestro atraso económico y social algunas décadas más, como se pretende imponer hoy en Veracruz.

La elección de Estado fracasará.