Orizaba, Ver. — Integrantes del colectivo “Comunidad Chirimoyo” denunciaron públicamente acciones que calificaron como invasivas, ilegales y violentas por parte del Ayuntamiento de Orizaba, tanto en el humedal de la Laguna del Chirimoyo como en el trato hacia vecinos que han defendido el área. La mañana de este miércoles, los vecinos pidieron a través de un comunicado en el exterior del Palacio Municipal un “Alto a la contaminación y al ecocidio en el Chirimoyo”.

Sin embargo, a su llegada, personal de seguridad del Ayuntamiento cerró los accesos al recinto. A través de un megáfono, los manifestantes solicitaron ser atendidos por el presidente municipal, sin que hasta ese momento fueran recibidos.

En su posicionamiento, recordaron que el lunes 2 de marzo, a primeras horas del día, personal de mantenimiento urbano, presuntamente dirigido por el ingeniero Francisco M. Gonzales Montiel, ingresó al humedal sin notificar previamente a los vecinos ni al colectivo, acompañado por un despliegue policiaco.

Acusaron que durante ese operativo se restringió el acceso al área habitacional y al espacio público, además de que se registró la detención de una vecina integrante del movimiento, la cual, aseguran fue arbitraria y con uso de fuerza excesiva. Posteriormente fue liberada por insuficiencia de motivos.

El colectivo también reprobó la presencia de grupos antimotines y elementos armados, señalando que no existía orden legal para limitar el acceso al sitio.

Los inconformes sostienen que las acciones municipales contradicen acuerdos establecidos en mesas de diálogo previas y que incluso se ignoraron recomendaciones de especialistas que coordinan el proyecto de mantenimiento.

Asimismo, responsabilizaron directamente a Aldo Israel Peña Huerta, coordinador de biólogos, por presuntas irregularidades en la extracción de fauna por parte del departamento de Ecología y la UMA, en posible contravención de disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entre las acusaciones más graves señalaron el bloqueo del arroyo que abastece al humedal acción que calificaron como delito federal conforme a la Ley de Aguas Nacionales y la muerte de especies bajo protección especial, atribuida al ingreso de maquinaria pesada.

Finalmente, los integrantes de Comunidad Chirimoyo exigieron el cese inmediato de los trabajos que consideran destructivos, la rendición de cuentas de los funcionarios señalados y la apertura de un diálogo directo con el presidente municipal.