Orizaba, Ver.- La protesta iniciada la noche del martes por trabajadores del Centro Integrador de Desarrollo (CID) Orizaba de los Programas para el Bienestar contina este miércoles, luego de que los inconformes mantuvieran tomadas las oficinas para exigir la intervención de las autoridades federales ante una serie de presuntas irregularidades que, aseguran, ocurren al interior de la dependencia.
Los manifestantes solicitaron la destitución de la directora regional, Itzel López López, a quien señalan por presuntos actos de hostigamiento laboral, abuso de autoridad, intimidación contra el personal y diversas prácticas administrativas que, afirman, han deteriorado el ambiente de trabajo y afectado la operación de los programas sociales.
De acuerdo con los trabajadores, alrededor de 30 de los 70 empleados que conforman la estructura regional, encargada de atender diez municipios de la zona, respaldan la inconformidad. Señalaron que, desde la llegada de la funcionaria, hace aproximadamente un año, se han presentado cambios de adscripción sin previo aviso, presunta vigilancia hacia el personal, toma de fotografías a trabajadores y la integración de actas administrativas que, aseguran, serían utilizadas para justificar posibles despidos.
Entre las denuncias, también expusieron un presunto uso indebido de datos personales de una trabajadora con discapacidad para investigar su condición, además de señalar la supuesta contratación de personas con antecedentes penales y posibles conflictos de interés relacionados con la operación política de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, hechos que pidieron sean investigados por las autoridades competentes.
Los inconformes afirmaron que meses atrás entregaron un oficio dirigido al delegado federal de Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, en el que expusieron estas presuntas irregularidades; sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han recibido una respuesta formal ni se ha iniciado un procedimiento visible para atender sus denuncias.
Asimismo, denunciaron que personal del programa Salud Casa por Casa habría sido presuntamente presionado para cumplir una meta de 15 consultas diarias y que, de no alcanzarla, se les retendría el pago de sus quincenas, situación que, dijeron, ha afectado a médicos y enfermeros que participan en esa estrategia federal.
Los trabajadores señalaron que, aunque las oficinas permanecen tomadas, continuarán realizando las labores de campo para evitar afectar a la población beneficiaria. No obstante, reconocieron que durante la protesta quedaron suspendidos los trámites presenciales relacionados con programas como INAPAM, Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, hasta que autoridades estatales o federales establezcan una mesa de diálogo.
