Orizaba, Ver.- Con el objetivo de garantizar una atención consular más incluyente para las personas indígenas mexicanas en el extranjero, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para promover mecanismos de interpretación y traducción en lenguas originarias.
La iniciativa plantea adicionar una fracción IX al artículo 44 de dicha ley, con el fin de que los jefes de oficinas consulares promuevan y aseguren servicios de interpretación y traducción, preferentemente mediante intérpretes y traductores certificados, para atender a personas indígenas mexicanas que lo requieran.
El legislador explicó que la medida busca garantizar el acceso efectivo a los servicios consulares, fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación desde una perspectiva intercultural.
De acuerdo con la propuesta, la implementación sería gradual y se realizaría mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normatividad vigente y la disponibilidad presupuestaria, lo que permitiría utilizar mecanismos como convenios interinstitucionales, padrones existentes, apoyos tecnológicos o esquemas de colaboración.
Puertos Chimalhua subrayó que garantizar una atención consular adecuada para las personas indígenas mexicanas en el extranjero no solo es un asunto administrativo, sino un acto de justicia social y de coherencia con los principios que sustentan al país.
En su iniciativa, el diputado destacó que en México existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas habladas por millones de personas; sin embargo, actualmente solo se cuenta con mil 79 intérpretes certificados, lo que genera una brecha importante en el acceso a servicios y derechos.
Señaló que esta problemática se vuelve más compleja en el contexto migratorio, ya que miles de personas indígenas mexicanas residen o transitan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde frecuentemente deben interactuar con autoridades en procedimientos administrativos o legales.
La propuesta, afirmó, busca fortalecer la política de protección consular del Estado mexicano y enviar un mensaje de inclusión, respeto a la diversidad cultural y compromiso con los derechos humanos.
