En política, como en la administración pública, los detalles suelen revelar más que los grandes discursos. Mientras los ciudadanos escuchan promesas de transparencia, eficiencia y austeridad, la realidad suele esconderse en los documentos más simples: una factura, una comprobación de gastos o una requisición de oficina. Ahí es donde aparecen las verdaderas prioridades de quienes administran los recursos públicos.

Esta semana, una información publicada por el diario Notiver, dirigido por nuestro amigo y ex jefe Alfonso Salces, exhibió un hecho que, aunque pudiera parecer menor, resulta profundamente revelador. Según la documentación difundida, en la Secretaría de Turismo del Estado se cargan a gastos de la dependencia consumos de botanas, frituras, golosinas y hasta gansitos Marinela.

La pregunta no es si un funcionario tiene derecho a comer un gansito. Por supuesto que puede hacerlo. La verdadera cuestión es por qué debe pagarlo el contribuyente.

Más aún cuando se trata de una dependencia cuya función principal debería ser promover a Veracruz como destino turístico, fortalecer la infraestructura del sector, apoyar la capacitación empresarial y generar estrategias para atraer visitantes nacionales e internacionales. Difícilmente una bolsa de frituras o una dotación de pastelillos industriales contribuyen a incrementar la ocupación hotelera o a mejorar la derrama económica.

Lo más preocupante es que este episodio ocurre después de la severa llamada de atención pública que la gobernadora Rocío Nahle dirigió al secretario de Turismo, Igor Rojí, cuando intentó justificar pagos a un supuesto proveedor. En aquella ocasión, el mensaje fue contundente: ningún gasto debía realizarse sin la debida autorización y sin cumplir los procedimientos establecidos.

Parecería que la lección no fue suficientemente comprendida.

Porque el problema no son los pocos pesos que pueda costar una botana. El problema es la cultura administrativa que refleja. Cuando los funcionarios comienzan a considerar los recursos públicos como una extensión de su cartera personal, se pierde la frontera entre la responsabilidad institucional y el privilegio burocrático.

Y aquí surge otra interrogante todavía más delicada. ¿De qué partida presupuestal salen estos gastos? ¿Están relacionados con recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina del 2 por ciento? Ese gravamen ha sido durante años una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos vinculados al desarrollo económico y turístico del estado.

Sin embargo, empresarios, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios continúan preguntándose dónde están los resultados tangibles de millones de pesos recaudados. Cada año aportan recursos bajo la promesa de impulsar la competitividad turística de Veracruz, pero las explicaciones sobre el destino preciso de esos fondos siguen siendo insuficientes.

Mientras tanto, las carreteras presentan deficiencias, muchos destinos carecen de promoción efectiva, la señalización turística sigue siendo limitada en diversas regiones y la competencia con otros estados se vuelve cada vez más difícil.

Resulta ofensivo para quienes pagan impuestos observar que los recursos públicos terminan financiando antojos personales mientras existen necesidades estratégicas sin resolver.

La austeridad no consiste en pronunciar discursos ni en colocar eslóganes en las paredes gubernamentales. La austeridad se demuestra en cada factura autorizada, en cada peso ejercido y en cada decisión administrativa.

Porque cuando una dependencia encargada de promover el turismo aparece en los titulares por comprar frituras y pastelillos con cargo al erario, el problema deja de ser contable para convertirse en político.

Veracruz necesita servidores públicos que administren recursos, no consumidores profesionales de presupuesto.

Y cuando el dinero destinado al desarrollo turístico termina convertido en gansitos, frituras y caprichos burocráticos, lo que realmente se está consumiendo no son botanas: es la credibilidad del gobierno.