+ El de Ixhuatlán del Sureste por homicidio y el de Úrsulo Galván por desaparición forzada

El Congreso de Veracruz, con mayoría morenista, sesionará hoy en privado para retirar el fuero a Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, señalado como autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Guzmán; y a Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, acusado de la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez

Veracruz.- Dos alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) serán desaforados este día durante una sesión extraordinaria de carácter privado del Congreso de Veracruz, en una votación donde la mayoría corresponde a Morena, partido en el gobierno estatal.

Se trata de Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, ambos señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en casos que involucran homicidio y desaparición forzada.

La Comisión Instructora del Congreso local concluyó que existen elementos suficientes para proceder contra ambos ediles opositores, luego de que la FGE presentara sendas solicitudes de declaración de procedencia derivadas de investigaciones independientes.

Frente a la decisión legislativa, Movimiento Ciudadano acusó que durante el gobierno de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle no se ha combatido al crimen organizado, pero sí se ha perseguido a opositores, periodistas, académicos y funcionarios.

El caso de Ixhuatlán del Sureste: el asesinato de Roxana Guzmán

Al alcalde Raúl González Martínez se le acusa por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del portal Pulso Informativo del Sureste, ocurrido el 2 de junio en el municipio de Nanchital. La comunicadora fue privada de la libertad en su domicilio y localizada sin vida el 3 de julio, tras el hallazgo de una fosa con restos óseos, fragmentos calcinados y el arma del crimen en un predio cateado por la Fiscalía.

Según el expediente de la FGE, González Martínez es señalado como el presunto autor intelectual del crimen. Por el caso hay ocho personas detenidas: integrantes de la organización criminal Grupo Sombra, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y un sujeto identificado como “El Delta 7”, capturado por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos. El expediente incluiría además el testimonio de un testigo que aseguró haber escuchado al alcalde comunicarse con un presunto jefe criminal de la región.

Ante la solicitud de desafuero, el edil rompió el silencio a través de un video en redes sociales:

“Como siempre lo he hecho, actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho de defensa por las vías legales, aportando los argumentos y elementos que correspondan en los tiempos establecidos”

El pasado 30 de julio, González Martínez compareció ante la Comisión Instructora del Congreso y se declaró inocente, pidiendo evitar juicios anticipados.

El caso de Úrsulo Galván: la desaparición de un empresario minero

A su homólogo de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, conocido como “El Gato”, se le investiga por la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez, de 42 años, y de su escolta Ignacio López Torres, de 47, ocurrida el 14 de mayo en la localidad de Barra de Chachalacas.

De acuerdo con la investigación de la FGE, Ramos Sánchez acudió al domicilio del alcalde tras ser citado presuntamente con el pretexto de presentarle a un “jefe de plaza” de la delincuencia organizada. Minutos antes de perder contacto, el empresario envió un mensaje de WhatsApp a su pareja sentimental en el que relataba lo que ocurría en el lugar. El análisis de geolocalización telefónica ubicó los celulares de ambas víctimas y el del alcalde en el mismo domicilio durante al menos tres horas; ninguno de los dos volvió a ser visto salir, pese a que videos de seguridad registraron su ingreso a la zona.

La defensa del alcalde ha sostenido que no existen elementos para retirarle el fuero, aunque reconoció que el empresario sí estuvo en su domicilio antes de desaparecer. El pasado 30 de julio, Bravo Montero compareció ante la Comisión Instructora y se negó a declarar sobre las acusaciones en su contra.

El contexto político

Ambos procesos de desafuero llegan en momentos de tensión entre MC y el gobierno estatal morenista, luego de que el partido naranja acusara persecución política contra sus cuadros. La sesión extraordinaria de este miércoles, de carácter privado, definirá si ambos ediles pierden la protección constitucional que les impide ser procesados penalmente mientras ejercen el cargo, lo que abriría la puerta a que enfrenten juicio por los delitos que se les imputan.