Han causado mucho revuelo dos propuestas de Ley en la asamblea de la ciudad de México, que vienen de la culta y honesta gobernadora Clara Brugada.   La primera es la modificación de la ley catastral, con la idea de cobrar el predial acorde al valor comercial de una propiedad, aplicando el 1% como tasa impositiva, y la segunda propuesta de ley, es el gravamen al desperdicio urbano.

Decía Jack el destripador: ¨Vamos por partes¨.  Siempre todos los gobiernos mexicanos, en los tres niveles, se han quejado de no tener suficientes recursos para atender las necesidades de la población.  Jamás se han quejado de la falta de control sobre el erario público, que permite desvíos multimillonarios, y la creación de una casta de nuevos ricos cada tres o cuatro años en los municipios, cada tres años en diputaciones locales y federales, cada seis años en senadores, gobernadores y presidencia de la república.   

Es decir, siempre se busca obtener más dinero del pueblo de México, sin mejorar el control y la rendición de cuentas del uso de esos recursos.  Se trata a los mexicanos como siervos que tienen que aportar dinero al señor feudal o al emperador o emperatriz, pero sin tener voz ni voto en cuanto al uso de esos recursos, y menos en cuanto a la bolsa en la que van a parar.

En el caso de la propuesta de ley catastral, alegando un verdadero problema existente en la falta de ordenamiento en este gravamen, se propone cobrar el 1% del valor comercial. Dejando una serie de lagunas impresionantes, como la más importante: ¿Quién va a definir el valor comercial?  

Para analizar a detalle las consecuencias, debemos recordar el siguiente texto constitucional: Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: […] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Este principio de proporcionalidad y equidad ha sido interpretado reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para significar que las contribuciones deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada causante, de modo que las personas con mayores ingresos o patrimonio aporten una proporción mayor en beneficio de la equidad fiscal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el artículo en base al principio de proporcionalidad tributaria: Interpretación de la SCJN: Radica en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica. Para que un tributo sea proporcional, debe gravar una riqueza real y manifestada (ingresos, utilidades, rendimientos o patrimonio), de modo que las personas que obtienen mayores ingresos o utilidades tributen en una proporción cualitativamente superior —mediante tarifas progresivas, por ejemplo— a los de medianos o bajos ingresos. El gravamen nunca debe incidir sobre rendimientos inexistentes o ficticios.

El valor comercial de una propiedad es un rendimiento inexistente, hasta el momento en que se vende esa propiedad.  Curiosamente ese principio aplica para las acciones que poseen los grandes inversionistas, pero no la quiere aplicar el gobierno de morena para propietarios de viviendas.

Imaginemos un solo caso, para entender lo absurdo del asunto.  Un empleado que gana $35,000.00 al mes, heredó hace siete años una casa, que es la que habita, y es su único patrimonio. Ubicada en una colonia relativamente céntrica de la ciudad de México.  Esa casa, hoy tiene un valor comercial de 10 millones de pesos. Y el gobierno de la ciudad de México de manera arbitraria decide que vale 12 millones de pesos.  Como el valor comercial es relativo, es difícil de precisar, más difícil de definir en la ley como se va a determinar, y como todo lo relativo, puede estar mucho más arriba o más abajo, dependiendo de las necesidades y urgencias de un probable vendedor y comprador. 

Pero entrando en materia, este padre de familia, que apenas alcanza a ahorrar cinco mil pesos cada mes, es decir sesenta mil pesos al año, tendría que pagar de predial cada año ciento veinte mil pesos. Y aumentando, conforme aumenta el ¨valor comercial¨.   Está claro que viola el principio del artículo 31 fracción IV de la constitución, ya mencionado arriba.  Pero, ¿Ante quién va a acudir para defender sus derechos? ¿Ante la corte del acordeón? ¿Y quién va a pagar los honorarios del abogado que defienda su caso?

La otra ley, la nueva, la del desperdicio urbano, está más loca todavía.  La autoridad va a definir que predios están siendo desperdiciados, sean lotes o casas abandonadas, y se dará un plazo no mayor a cuatro años para que se edifique o se subastará el bien.

Heredas la casa de tu abuelo, ya de por sí vieja y descuidada.  Estás ahorrando para darle una manita de gato, y resulta que el gobierno te manda un oficio informando que o la derrumbas y construyes algo encima, o la vendes, o ellos la van a subastar.  Lo mismo aplica para un terreno que compras, con el fin de edificar en cinco o veinte años.  El gobierno puede decidir que debes construir ahora, incluso si no tienes dinero, so pena de que subasten al precio que quieran tu bien y te quedes con un dinero en lugar de tu inversión. Un dinero que perderá valor en el tiempo gracias a la inflación.

Las dos reformas quitan la seguridad que representa un bien inmueble dentro del patrimonio familiar.  Quizá encuentren justificaciones en otros ejemplos.  El problema es que los gobiernos de la 4T han perdido la confianza y credibilidad de la población.  Nadie cree que puedan aplicar con justicia estas leyes en caso de ser aprobadas, excepto para beneficiar a sectores que apoyan el saqueo nacional del gobierno.

Perderían su patrimonio jubilados, trabajadores, y en general toda la clase media. ¿Quién se beneficiaría? Quienes ganen las subastas, ya sean allegados a la 4T, o grandes empresarios. Así que el combate a la gentrificación, lograría el efecto contrario. Viene a cuento porque es el pretexto más usado. 

Opciones inteligentes para resolver los problemas que supuestamente el par de leyes quieren atacar, hay muchas.  Sólo que no le otorgan tanto poder y tantos beneficios económicos al gobierno de Clara Brugada, como los que le otorgan este par de leyes propuestas.  Veremos si los capitalinos agachan la cabeza, o defienden sus derechos de propiedad.