Cada pocos días, leo a personas que no tienen idea de lo que comparten, presumir cifras de inversión extranjera directa, sin entender a qué se refiere, ni cuánto es reinversión y cuánto es inversión en nuevos activos que generan nuevos empleos. Y sobre todo sin entender el impacto de la inversión total, de la cual, la extranjera representa alrededor del quince por ciento.
Cada trimestre, la publicación de las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) desata celebraciones en el discurso oficial mexicano. Se anuncian montos históricos y se presentan como prueba irrefutable de confianza empresarial y dinamismo económico. Sin embargo, desde una óptica estrictamente macroeconómica, celebrar la IED como el motor principal de la economía constituye una mentira analítica que oculta dos realidades incómodas: su peso marginal dentro de la inversión total del país y el desplome de los capitales extranjeros verdaderamente nuevos desde 2018.
En la contabilidad nacional, la capacidad de un país para crecer a largo plazo se mide por la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): el gasto real en maquinaria, equipo y construcción.
En México, la inversión total ha oscilado históricamente entre el 20% y el 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de ese universo, la IED total representa apenas entre el 8% y el 16% de la inversión del país —equivalente a un modesto 2% a 3.5% del PIB—. El verdadero motor es el empresario y el hogar mexicano: la inversión privada nacional aporta de manera constante entre el 70% y el 77% de todo el capital físico que se crea en el territorio.
Debemos abrir la caja negra de la IED para entender las falsedades de la información del gobierno. Este indicador se divide en tres rubros: nuevas inversiones (capital fresco para crear plantas o empresas desde cero), reinversión de utilidades (ganancias generadas en México por multinacionales ya establecidas que deciden no repatriarlas) y cuentas entre compañías.
Entre 2023 y 2026, cerca de 8 de cada 10 dólares reportados como IED correspondieron a reinversión de utilidades. Las nuevas inversiones extranjeras cayeron a mínimos históricos, representando apenas entre el 0.7% y el 1.7% de la inversión total de México —menos de medio punto porcentual del PIB—. Presumir récords de IED cuando el capital fresco del exterior prácticamente se ha secado equivale a confundir el mantenimiento de una casa con la construcción de un vecindario nuevo.
La evolución de la inversión desde 2012 evidencia cómo las decisiones de política pública moldean —o inhiben— el apetito de riesgo de los capitales.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la estrategia apostó por la apertura estructural en sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones. En ese periodo, la inversión total promedió 23.4% del PIB. Sin embargo, el gobierno ejecutó una severa consolidación fiscal tras la caída de los precios del petróleo: la inversión pública se desplomó del 5.3% del PIB en 2012 (21.2% de la inversión total) al 2.8% del PIB en 2018. Aunque las reformas lograron atraer flujos constantes de capital extranjero nuevo —que promediaron más del 4.3% de la inversión total del país—, la debilidad del gasto público en infraestructura impidió que la inversión agregada superara el umbral del 25% del PIB necesario para crecer por encima del 4% anual.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el modelo dio un vuelco estatista y de confrontación con el sector privado. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, el freno a las rondas petroleras, la parálisis en permisos de energías limpias y los constantes cambios regulatorios enviaron una señal de incertidumbre jurídica que golpeó la confianza del posible inversionista, y bloqueó la posibilidad de que el Nearshoring (la relocalización) lograra el despegue económico de México.
El resultado entre 2018 y 2022 fue un estancamiento severo: la inversión total cayó hasta tocar un piso de 19.6% del PIB en 2020 y tardó casi cinco años en recuperar su nivel previo. Si bien en 2023 y 2024 la inversión total repuntó hacia el 24% del PIB, este fenómeno respondió a factores transitorios: el gasto público desbordado para concluir megaobras insignia (Tren Maya, refinería de Dos Bocas) que elevó la inversión pública al 3.9% del PIB, y el efecto estadístico del nearshoring, que impulsó al sector privado nacional a ampliar naves industriales. No obstante, el capital extranjero nuevo nunca llegó en la magnitud prometida; por el contrario, entre 2023 y 2024 cayó a su nivel más bajo en décadas.
La administración de Claudia Sheinbaum (2024-2026) heredó un déficit fiscal insostenible y una estructura institucional profundamente alterada. Para contener el endeudamiento en 2025, el gobierno aplicó un recorte drástico al gasto de capital, haciendo que la inversión pública retrocediera nuevamente al 3.1% del PIB (13.5% de la inversión total), sin contar con espacio fiscal para detonar nueva infraestructura de gran calado. Históricamente una mayor inversión pública sirve de detonante y multiplicar para la inversión privada, nacional y extranjera, si se reduce, se convierte en otro factor que inhibe la inversión y con ello el crecimiento de la economía del país.
Paralelamente, la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos reguladores y las restricciones constitucionales en materia energética consolidaron un entorno de alta aversión al riesgo. El impacto ha sido inmediato: hacia 2025 y 2026, la inversión total volvió a descender por debajo del 23% del PIB, arrastrada por la cautela del empresariado nacional y la parálisis de nuevos proyectos extranjeros.
El periodo comprendido de 2018 a la fecha exhibe el fracaso de una política económica que privilegió el control político sobre la certidumbre jurídica. México desperdició la mayor oportunidad de relocalización industrial de las últimas décadas. El hecho de que en el sexenio 2018-2024 no se invirtió en distribución de electricidad, y ante la incapacidad de CFE de recibir y llevar la nueva producción de electricidad privada, el gobierno decidió cancelar proyectos ya aprobados y en algunos casos terminados y listos para producir, aduciendo que CFE debería producir el 54% de la energía nacional. Al destruir el crecimiento de la industria eléctrica, también se destruyó la posibilidad de que nuevas empresas se instalaran en los corredores industriales que la IP construyó, y sobre todo, hoy se pierde la posibilidad de participar en el boom económico que genera la Inteligencia Artificial con sus billonarias inversiones en dólares. Un México sin electricidad adicional no puede recibir ni nuevas industrias, ni los centros de datos de la inteligencia artificial.
Mientras economías competidoras en Asia captaron olas masivas de inversión greenfield, México se conformó con las utilidades reinvertidas de las empresas que ya operaban en el país. Presumir récords de IED en este contexto no solo es una distorsión estadística: es la cortina de humo con la que se intenta ocultar una economía que invierte poco, crece por debajo de su potencial y ahuyenta el capital nuevo que debería financiar su futuro.
Espero que esto aclare la falsedad de la costumbre gubernamental de presumir incrementos en la inversión extranjera directa, cuando representan una muy pequeña parte de la inversión total nacional.
México para hacer crecer su economía requiere de inversión superior al 25% del PIB, de electricidad, de mexicanos capacitados y educados, de garantías de un poder judicial funcional e independiente, de seguridad en ciudades y carreteras, y de un gobierno verdaderamente promotor de la inversión y el empleo. Ninguna de esas condiciones existe hoy en nuestro país.
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