+ Miguel Cobián Elías, especialista fiscal la considera una aberración y un retroceso a un derecho ganado
El especialista fiscal José Miguel Cobián Elías cuestionó la reforma a la ley de derechos humanos del Estado de Veracruz, que a su juicio contradice la Constitución Federal y los tratados internacionales al referirse a “expectativa” de derechos humanos. Advirtió que el cambio encarecerá y retrasará el acceso a la justicia.
Cobián Elías explicó que el concepto de “expectativa” es incompatible con el principio de progresividad, según el cual los derechos humanos pueden ampliarse, pero no reducirse. En su opinión, un derecho que solo puede crecer es porque ya está reconocido y fijado conforme a derecho, no porque sea una posibilidad futura. Calificó la reforma de “retroceso” y consideró que equivale, en los hechos, a suprimir garantías propias del Estado de derecho, como si se tratara de un estado de excepción, que solo procede bajo las condiciones previstas en la propia Constitución.
El especialista recordó que Veracruz fue pionero en reformas civiles y penales, por lo que lamentó que ahora el estado sea referente de una medida como esta.
Señaló que los derechos humanos están reconocidos en los artículos 1 al 29 de la Constitución Federal, con otras disposiciones dispersas en artículos posteriores, y que la Suprema Corte los ha reconocido de manera convencional. Recordó además que desde la reforma constitucional de junio de 2011 se sustituyó el término “garantías” por “derechos humanos”.
Explicó que, en la práctica, una “expectativa de derecho” es distinta de un “derecho ganado”. Citó como ejemplo un caso de pensiones en el que una persona de 55 años impugnó el aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años. La Corte resolvió que solo tenía una expectativa, porque la ley no era retroactiva y nunca había adquirido el derecho a jubilarse a los 60. A su juicio, la reforma busca que los tribunales desechen más juicios de garantías al considerar que no hay un derecho adquirido.
Cobián Elías advirtió que, si los tribunales ordinarios deben sentenciar bajo ese criterio, los ciudadanos tendrán que acudir al amparo en cada caso. Eso elevaría los costos para los litigantes y los gobernados y, de trascender al ámbito internacional, podría llevar a quienes busquen justicia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concluyó que el criterio vuelve la justicia más onerosa y menos expedita.






