Hay momentos en la historia diplomática de un país en los que la realidad supera la ficción.

México vive uno de esos episodios, y este martes 12 de mayo del año de Dios y María Santísima 2026, la película de terror se volvió aún más gore.

Una investigación exclusiva de la cadena estadunidense CNN reveló que la CIA sostiene una campaña ampliada dentro de México, encabezada por su unidad de élite Ground Branch, para desmantelar redes del narco.

Según la publicación, desde el año pasado agentes de la agencia han participado directamente en “ataques letales” contra varios miembros de los cárteles

El caso emblemático: la explosión de una camioneta el 28 de marzo en la carretera México-Pachuca, en Tecámac, Estado de México, que habría sido un asesinato selectivo facilitado por agentes operativos de la CIA, en el que murió Francisco Beltrán, alias “El Payín”, operador del Cártel de Sinaloa.

La reacción del gobierno de Claudis Sheinbaum no se hizo esperar, aunque llegó cargada de contradicciones que le hacen más daño que la propia pubicación.

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El secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch rechazó categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional, y afirmó que cualquier cooperación internacional se ha limitado al intercambio de información y mecanismos formales establecidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La contradicción se profundiza cuando se contrasta la narrativa oficial con la investigación de fondo.

La mismísima Sheinbaum ya había rechazado la injerencia extranjera por le incidente de Chihuahua, declarando que no fue informada previamente sobre la participación de la CIA en una operación que terminó con un narcolaboratorio y un megadecomiso de drogas sintéticas.

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Pero como es sabido, esto no es un episodio aislado, es el telón de fondo de una crisis mayor.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico, facilitar el trasiego de drogas y recibir sobornos a cambio de apoyo institucional.

La acusación detalla que Rocha Moya permitió que Los Chapitos colocaran funcionarios corruptos en puestos clave del gobierno estatal y de las agencias de seguridad.

Y en oootra contradicción, Sheinbaum condicionó cualquier acción conyra su corrreligionario a recibir pruebas “claras y contundentes”, rechazó injerencias y sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie (ajá).

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En este pantano que sí mancha, la salida de Juan Ramón de la Fuente de la SRE adquiere una nueva dimensión.

El experimentado canciller, de 75 años con una larga trayectoria en la ONU y en la academia, renunció el 1 de abril por “motivos de salud”, apenas semanas antes de que el cohetón les estallara en los dedos.

La lucidez y experiencia del diplomático que sabe leer cuándo la mesa se incendia o que sabe algo…

Lo que es un hecho es que su relevo, Roberto Velasco Álvarez, quien fuera subsecretario para América del Norte y a quien Sheinbaum reconoció por haber hecho “un gran papel” en las crisis con Washington, es un perfil técnico, pero insuficiente para una crisis de de esta naturaleza: acusaciones judiciales contra gobernadores afines, operaciones encubiertas de inteligencia extranjera en suelo mexicano y una estrategia antidrogas estadounidense que ya no confía en promesas ni discursos políticos y exige indicadores verificables.

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La pregunta que flota sobre toda esta narrativa de negaciones, rechazos y contradicciones es la más incómoda de todas: ¿está el gobierno de Claudia Sheinbaum defendiendo la soberanía nacional, o está administrando el escándalo para sobrevivir políticamente?

Cuando el secretario de Seguridad termina reposteando a la CIA para desmentir a un medio de comunicación, cuando la presidenta pide pruebas que Washington ya entregó en forma de acusaciones formales, y cuando un exgobernador aliado sigue prófugo pese a estar señalado por una corte federal estadunidense, la respuesta se vuelve incómoda.

Claudia Sheinbaum no está defendiendo lo correcto ni la soberanía. Está defendiendo lo conveniente, a sí misma y a sus aliaos, que no es lo mismo.

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com