Hay políticos que llegan al poder creyendo que el cargo borra la memoria. Y hay otros que olvidan demasiado pronto quién les abrió la puerta cuando nadie los conocía fuera de una fotografía de campaña.

En política, la traición no siempre ocurre con un puñal. A veces llega disfrazada de boletín oficial, de conferencia improvisada o de un equipo de comunicación incapaz de entender que gobernar también implica administrar silencios, tiempos y símbolos.

Eso parece estar ocurriendo en Poza Rica.

La alcaldesa Adanely Rodríguez no enfrenta solamente una crisis por percepciones salariales. Enfrenta algo más delicado: una ruptura política y moral con el discurso de austeridad que la llevó al poder y con la figura política que la impulsó públicamente: la gobernadora Rocío Nahle.

Porque los números, aunque incomoden, son testarudos.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, la alcaldesa de Poza Rica percibe alrededor de 168 mil pesos brutos mensuales y cerca de 122 mil pesos netos, una cifra que rebasa ampliamente el ingreso de la gobernadora de Veracruz. Incluso después del anuncio de una reducción salarial del 30 por ciento, el sueldo seguiría colocándose por encima del salario estatal de quien encabeza el Poder Ejecutivo.

Y ahí comienza el problema.

No se trata solamente de cuánto gana una alcaldesa. Se trata del momento político, del contexto social y de la carga ética que implica gobernar una ciudad lastimada.

Poza Rica todavía arrastra heridas profundas por las inundaciones que golpearon colonias enteras. Familias que perdieron muebles, patrimonio, documentos, tranquilidad. Comerciantes que aún no logran recuperarse. Calles donde el lodo no solo dejó manchas físicas, sino una sensación de abandono institucional.

En ese contexto, un salario que rebasa los límites de la austeridad no se interpreta como éxito administrativo. Se percibe como desconexión.

La política tiene algo que muchos asesores digitales no entienden: el ciudadano no mide únicamente cifras; mide sensibilidad.

Y ahí es donde el equipo de comunicación de la alcaldesa parece haberse convertido en fábrica de crisis.

Porque el reciente boletín del Ayuntamiento —donde se anuncia un “Plan Histórico de Austeridad”— intenta apagar el incendio con gasolina discursiva. 

El documento insiste en conceptos como “eliminar privilegios”, “poner al pueblo en el centro” y “seguir el ejemplo de Rocío Nahle”. Pero el problema de la comunicación política aparece cuando el discurso contradice la realidad visible.

No basta con decir austeridad cuando el escándalo ya exhibió excesos.

No basta con citar a Juárez cuando la percepción pública observa incongruencia.

No basta con invocar el nombre de Nahle mientras se actúa exactamente en sentido contrario al mensaje político de disciplina financiera que la gobernadora ha intentado construir.

Y eso tiene consecuencias.

Porque en Morena, guste o no, la lealtad política sigue siendo moneda de alto valor. Quien llega cobijado por un liderazgo y después coloca a ese liderazgo en una posición incómoda frente a la opinión pública, termina generando desconfianza interna.

La política mexicana está llena de historias así: cuadros jóvenes que confunden respaldo con impunidad, cercanía con licencia y oportunidad con patrimonio personal.

El problema no es solo jurídico. Es simbólico.

La Ley de Austeridad existe precisamente para evitar que los gobiernos municipales se conviertan en pequeñas cortes virreinales mientras la población enfrenta precariedad, inseguridad o crisis urbanas. La ciudadanía puede tolerar errores administrativos; lo que difícilmente perdona es la percepción de privilegio.

Más aún cuando el mensaje presidencial y estatal de los últimos años se construyó alrededor de la “medianía republicana”.

Por eso el daño político no se corrige únicamente con una reducción salarial tardía.

Porque cuando un gobierno anuncia austeridad después del escándalo, el ciudadano no siempre ve conciencia: muchas veces ve reacción obligada.

Y todavía hay otro problema.

La comunicación oficial quiso vender el ajuste como un acto heroico, casi épico. “Poza Rica marca una ruta clara”, dice el boletín municipal. Pero la austeridad no debería presentarse como hazaña extraordinaria. Debería ser una obligación elemental de cualquier gobierno que se dice cercano al pueblo.

Ahí está el error de fondo: convertir una corrección política en propaganda.

La verdadera austeridad no se presume. Se ejerce.

No se anuncia con frases grandilocuentes. Se demuestra en las prioridades presupuestales, en la cercanía con la gente y en la congruencia personal de quienes gobiernan.

Porque mientras el aparato municipal redacta comunicados triunfalistas, hay ciudadanos en Poza Rica que siguen esperando soluciones mucho más urgentes que una narrativa de control de daños.

La lección es simple y brutal.

En política, los excesos cuestan. Pero las traiciones cuestan más.

Y traicionar no siempre significa atacar frontalmente. A veces basta con olvidar de dónde vienes, quién te tendió la mano y qué principios prometiste defender antes de sentarte en la silla del poder.