No era el tema de mi artículo de esta semana, pero dos noticias muy preocupantes han tomado la delantera.

En primer lugar, hay que decir que escribo con base en la información dada a conocer apenas en esta semana. Hay muchos, muchísimos comentarios, pero la información, por su inmediatez, no puede dar más datos que puedan avalar un juicio. Vaya esto como un antecedente para redactar el comentario.

El primer caso es el de un maestro de primaria que fue señalado por un alumno, un niñito quien, acompañado de su mamá, presentó una queja por el supuesto abuso cometido contra el infante por su profesor.

La fotografía es muy elocuente. Se ve al niño, acompañado de su mamá y con un grupo de mujeres asomando por la puerta del salón, mientras que el maestro, dentro del aula, es detenido por policías. El maestro se ve molesto, incluso, violento, reprochando el arresto. En el escenario se ve desparramado por el suelo material didáctico y mobiliario escolar.

No hay más datos. No se sabe si se inició o no el proceso debido. Pero lo que sí prueba la fotografía es que un maestro (culpable o no) es arrestado, violentado dentro del mismísimo salón de clase, frente al niño y frente a padres de familia. ¿Es esto digno? ¿Dónde queda la dignidad humana? ¿Es ese el respeto al aula, a la escuela, a la educación misma?

Si hay una acusación firme y segura, defender al menor es incuestionable. Aun en el caso de que el maestro sea responsable de un acto indebido, punible, se debe imponer el respeto al salón de clases. No podemos imaginar el aprecio que pueda suscitar un maestro y una escuela que es violentada de esa manera, sin respeto, sin pudor, sin sentido común, con acciones atrabiliarias, irresponsables y violentas por su misma naturaleza.

La segunda noticia, con imagen y video, corresponden a otro maestro. En este caso, un docente con 25 años de laborar en el Instituto de Educación Media Superior de la ciudad de México y 10 en el Estado de México. Tras de ser acusado de abuso por una alumna, el maestro fue denunciado ante el instituto en que laboraba y ante el MP.

Al no poder soportar la presión sobre él ejercida, determinó quitarse la vida. Para explicar sus razones, publicó en redes un video en donde señala, con índice flamígero, la desesperación y el sufrimiento de ser sometido a este trance. Niega «rotundamente» las acusaciones en su contra y denuncia que el proceso legal «ni siquiera ha concluido». Al mismo tiempo, cita algo que  suele suceder en la práctica magisterial: «Tengo, dice, excelentes alumnas que, en forma de broma, dicen: ‘voy a acusar al profe para que me pase’. De manera responsable les menciono que esto no se dice, ni aunque en broma. Puede ocasionar circunstancias trágicas. Sin embargo, los maestros no estamos exentos, como ahora es el caso, de una denuncia de este tipo. Enfrentar una acusación de esta índole es una experiencia estresante y desmoralizadora. No solo destruye la vida, también te quita tiempo, recursos, y muy probablemente te arredre el trabajo, amigos y el apoyo familiar». Finalmente, hace referencia a su convicción de que defenderse con los recursos legales no resolvería en nada su situación.

El comentario a la nota y el vídeo son lo suficientemente explícitos, dignos, justos y necesarios para englobar, explicar y opinar sobre ambos lamentables sucesos, por lo que lo trascribo al pie de la letra:

«Esta lamentable pérdida nos obliga a detenernos y abrir un debate crítico sobre nuestra vulnerabilidad en las aulas y fuera de ellas. Nos recuerda la importancia de dos principios fundamentales que nunca deberían contradecirse en una sociedad justa:

*La protección absoluta a las posibles víctimas: Escuchar, atender y salvaguardar a nuestros estudiantes es y será siempre una prioridad.

*El respeto irrestricto a la presunción de inocencia: Garantizar el debido proceso y permitir que las autoridades investiguen antes de emitir sentencias sociales.

El “linchamiento mediático” destruye vidas, familias y carreras. Más allá de las posturas personales, esta historia pone sobre la mesa temas urgentes para nuestro gremio:

*La salud mental de los docentes frente al estrés y la presión pública.

*La responsabilidad de las instituciones para brindar acompañamiento legal y psicológico a los maestros durante procesos de investigación.

*El poder (y el peligro) de la opinión pública y las redes sociales.

Nota aclaratoria: El video que circula contiene el testimonio del propio maestro y refleja únicamente su versión de los hechos. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades. Compartimos esta reflexión desde el respeto a todas las partes».

Toda persona que denuncia merece ser escuchada y toda víctima merece justicia. Pero también toda persona señalada tiene derecho a un debido proceso y a que la verdad sea esclarecida antes de que exista una condena social.

¿No es esto principio básico de la educación?