Orizaba, Ver.- El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Orizaba Víctor Manuel Luna Cubillas, respaldó la declaración de la gobernadora Rocío Nahle García de que la extorsión en todos los sentidos se tiene que castigar más fuerte, aunque advirtió que debe acompañarse de mecanismos ágiles para presentar denuncias y evitar la impunidad.

En entrevista el representante empresarial calificó como positiva la iniciativa, pero señaló que “ya nos estábamos tardando como gobierno y como sociedad” en fortalecer las herramientas legales contra este delito.

Sin embargo, destacó que el problema no solo radica en las leyes, sino en la burocracia que enfrentan las víctimas al intentar denunciar. “La gobernadora lo puede proponer, los diputados van a votar a favor, pero si no hay continuidad en la cadena de justicia, no sirve de nada. Si voy a denunciar y el Ministerio Público me limita, exige pruebas imposibles o desestima videos o audios, entonces es como darnos ‘atole con el dedo’”, afirmó.

El dirigente recordó el caso del “Demandón a la Policía” impulsado por el alcalde de Orizaba Juan Manuel Diez, cuestionando cuántas veces la ciudadanía ha visto a personas encapuchadas en patrullas sin poder distinguir entre autoridades y delincuentes. “Ya no sabes quién te está deteniendo”, lamentó.

Además, reflexionó sobre las consecuencias sociales de la extorsión, como la pérdida de empleos cuando empresarios, ante amenazas contra sus familias, optan por cerrar negocios. “Pobres empleados que se quedan sin sustento; luego, ¿de qué van a vivir?”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que, más allá de iniciativas, se simplifiquen los trámites y se garantice protección a quienes denuncien. “Ojalá esta propuesta no se quede en el papel y haya facilidades para que las víctimas actúen sin miedo”, concluyó.