“Cuando desde el poder se mira con desconfianza al profesor que reclama, la educación pierde y la política queda en evidencia”.
Articulo dedicado a un gran amigo Maestro Luchador Sindical
Arturo Hernández Mártinez.
Hay gobiernos que quieren maestros comprometidos, escuelas de calidad y alumnos preparados, pero parecen incomodarse cuando los profesores hablan de sus propias condiciones de trabajo.
LA CONTRADICCIÓN ES EVIDENTE.
Se exige al docente que permanezca frente al aula, que atienda a sus alumnos, que prepare clases, que evalúe, que participe en reuniones, que cumpla programas, que auxilié al sector salud, asuma ser psicólogo, motivador, animador, especialista en tratar las emociones, en educar niños especiales, que resuelva conflictos y que responda por los resultados educativos.
Pero cuando reclama mejores condiciones laborales, salarios dignos, infraestructura adecuada o una movilidad profesional justa, algunos políticos reaccionan como si el maestro hubiera cometido una falta.
¿DESDE CUÁNDO DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES ES UNA CONDUCTA QUE DESCALIFICA AL PROFESOR?
Un Estado que expresa disgusto por sus maestros revela, en realidad, una concepción preocupante de la educación pública. Porque el profesor no es un empleado cualquiera. Es el profesional que recibe del Estado una de las responsabilidades más delicadas: contribuir a formar a las nuevas generaciones.
Por ello, exigir mejores condiciones en el aula y en la escuela no significa rechazar el trabajo docente. Significa reclamar las herramientas necesarias para realizarlo con dignidad.
NO SE PUEDE EDUCAR CON CARENCIAS
La retórica oficial suele hablar de transformación educativa, de una “Nueva Escuela Mexicana”, de Humanismo, innovación, excelencia y calidad. Pero detrás de esas palabras existe una realidad cotidiana que no siempre aparece en los informes gubernamentales: escuelas que necesitan mantenimiento, aulas que requieren mejores condiciones, hacen falta profesores; profesores que enfrentan crecientes responsabilidades y directores sometidos a una carga administrativa que frecuentemente rebasa su función pedagógica.
La pregunta debería ser sencilla: ¿QUÉ ESTADO PUEDE EXIGIR MEJORES RESULTADOS EDUCATIVOS SIN GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES PARA QUIENES ENSEÑAN?
No se trata de colocar al maestro por encima de los estudiantes. Tampoco de convertir cada demanda sindical en una verdad absoluta. Se trata de reconocer algo elemental: los derechos de los alumnos y los derechos de los profesores no son contradictorios. Al contrario, se necesitan mutuamente.
Un maestro respetado, profesionalmente reconocido y laboralmente protegido tiene mejores condiciones para concentrarse en su tarea fundamental: enseñar.
EL SALARIO TAMBIÉN ES DIGNIDAD
Hablar del salario docente no debería producir incomodidad. El salario es el reconocimiento material al trabajo realizado. Y en el caso de los directores, debe corresponder a las responsabilidades que implica conducir una comunidad escolar, administrar recursos, atender conflictos, responder ante las autoridades y acompañar pedagógicamente a los profesores. Pretender que esas responsabilidades pueden incrementarse indefinidamente sin revisar las condiciones económicas y profesionales es una forma de trasladar al trabajador las deficiencias del sistema.
Lo mismo ocurre con la movilidad. Un sistema educativo moderno necesita reglas claras para la promoción, la adscripción y el cambio de centro de trabajo. La movilidad profesional no puede depender de la cercanía con funcionarios, de decisiones discrecionales o de mecanismos poco transparentes. La carrera docente debe construirse sobre capacidad, preparación, experiencia y reglas equitativas.
QUE EL MAESTRO PUEDA HABLAR
Hay otra cuestión todavía más profunda. Una democracia no puede pedir ciudadanos críticos mientras pretende maestros silenciosos. El profesor tiene que enseñar a sus alumnos a preguntar, investigar, argumentar, disentir y participar. ¿Cómo podría hacerlo si él mismo no tiene derecho a expresar su inconformidad?
El maestro que reclama no necesariamente es un maestro irresponsable. Muchas veces es exactamente lo contrario: es el profesional que conoce desde dentro las deficiencias de la escuela y decide hacerlas visibles. Por eso, un gobierno inteligente no debería mirar al magisterio como un adversario político. Debería escucharlo.
EL ESTADO DEBE ELEGIR
La disyuntiva es clara. Puede existir un Estado que pretenda administrar la educación mediante instrucciones, discursos y estadísticas, considerando incómodo a todo aquel que cuestione sus decisiones. O puede existir un Estado que entienda que la política educativa se construye también escuchando a quienes todos los días están frente a los alumnos.
La segunda opción exige diálogo. Exige reconocer errores. Exige invertir en las escuelas. Exige mejorar las condiciones laborales. Exige salarios dignos. Exige procedimientos transparentes para la movilidad y promoción. Y, sobre todo, exige respeto.
Porque si un gobierno desprecia a sus maestros, termina despreciando una parte fundamental de la educación que dice defender. El maestro no pide que le regalen nada. Pide que su trabajo sea reconocido. No reclama privilegios. Reclama derechos. No pretende sustituir a la autoridad. Exige que la autoridad cumpla con su responsabilidad.
Y quizá convenga recordarlo cuando desde el poder vuelva a escucharse alguna expresión de disgusto frente a la protesta magisterial: Un profesor que reclama mejores condiciones para enseñar no merece ser descalificado. Merece ser escuchado. Porque la nobleza de la profesión docente no consiste en soportarlo todo en silencio.
Consiste en seguir enseñando, aun cuando las circunstancias sean adversas, sin renunciar por ello a la dignidad que corresponde a quien tiene en sus manos una de las tareas más importantes de la sociedad: educar.
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Bibliografía y fuentes oficiales
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3.º, relativo al derecho a la educación, y artículo 123, apartado B, relativo a los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.
Ley General de Educación.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México.
Especialmente las disposiciones relativas a la función docente, formación del personal educativo y condiciones del sistema educativo nacional.
Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México.
Es fundamental para abordar admisión, promoción, reconocimiento y movilidad profesional del magisterio.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Informe mundial sobre los docentes: abordar la escasez de docentes y transformar la profesión. UNESCO, 2024.
Especialmente pertinente para analizar la escasez de profesores, condiciones de trabajo y reconocimiento de la profesión docente.
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recomendación relativa a la situación del personal docente, 1966.
Documento internacional de referencia sobre la situación profesional, condiciones laborales y derechos del personal docente.
Referencias periodísticas recientes: México, 2026
El País México. (21 de mayo de 2026). La CNTE prepara un paro nacional indefinido el 1 de junio, ¿qué exigen los maestros? El reportaje documenta las demandas del magisterio relacionadas con salarios, pensiones, basificación y condiciones laborales.
El País México. (4 de junio de 2026). El Gobierno trata de aplacar a los maestros de la CNTE con la promesa de fortalecer las pensiones. Aborda las negociaciones entre el Gobierno federal y la CNTE y las demandas de modificación del sistema de promoción docente.
