Hay deudas que se pagan con dinero. Y hay otras que las terminan pagando generaciones enteras con atraso, abandono y pobreza institucional. En Veracruz, los municipios llevan años atrapados en esa segunda categoría: gobiernos locales convertidos en oficinas de cobranza bancaria, alcaldes administrando miseria y ciudadanos pagando obras que nunca llegaron.

Por eso no es menor lo que acaba de comentar el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, respecto al programa de saneamiento financiero impulsado por la gobernadora Rocío Nahle García. El tema merece análisis serio, porque detrás de los discursos triunfalistas hay una realidad brutal: Veracruz arrastra una de las peores historias de endeudamiento municipal del país.

Y Rosaldo García sabe perfectamente de lo que habla. No es un improvisado. Viene de la Subsecretaría de Finanzas estatal y conoce las entrañas de la maquinaria financiera veracruzana, esa que durante años funcionó como trituradora de presupuestos municipales. Cuando afirma que Coatzacoalcos fue “sentenciado a muerte financiera”, no está exagerando; está describiendo con precisión quirúrgica el legado de dos décadas de irresponsabilidad política.

Hay que recordar que la bursatilización municipal de 2008 y 2009 fue presentada en su momento como la gran modernización financiera. Qué ironía. Aquello terminó siendo una sofisticada forma de hipotecar participaciones federales futuras para resolver urgencias inmediatas y alimentar la voracidad política del corto plazo. Se vendió como ingeniería financiera; en los hechos, fue ingeniería del saqueo institucionalizado.

Hoy vemos las consecuencias: municipios pagando intereses eternos, créditos en UDIS convertidos en trampas inflacionarias y administraciones completas incapaces de liberar recursos para obra pública porque el dinero ya tenía dueño desde antes de llegar a las arcas municipales.

Coatzacoalcos es quizá el ejemplo más dramático. Una ciudad estratégica para el desarrollo energético y portuario del país, pero financieramente devastada. Una ciudad rica administrada como pobre. Una contradicción profundamente mexicana.

Pasar de una deuda de 181 millones a 28 millones representa un alivio financiero de enorme magnitud. Significaría liberar recursos retenidos durante años únicamente para alimentar intereses bancarios. Significaría recuperar capacidad de inversión, flujo operativo y margen de maniobra administrativa.

Pero aquí es donde conviene bajar el volumen de la propaganda y subir el de la memoria histórica.

Porque en México ya conocemos perfectamente el libreto del “rescate financiero”. Primero se endeuda irresponsablemente. Después se renegocia. Luego se presume como logro político lo que en realidad fue la corrección tardía de un desastre provocado por la propia clase gobernante. Y mientras tanto, nadie responde por los responsables originales del quebranto.

La pregunta incómoda sigue intacta: ¿quiénes hundieron financieramente a los municipios veracruzanos? Porque las deudas no aparecieron por generación espontánea. Hubo alcaldes, tesoreros, congresos complacientes, bancos felices cobrando intereses y gobiernos estatales mirando hacia otro lado mientras hipotecaban el futuro municipal.

El esquema anunciado por Rocío Nahle tiene, sin duda, un componente innovador. Que el gobierno estatal absorba parte importante de la deuda bursatilizada rompe con la lógica tradicional del “arréglense como puedan”. Puede convertirse en un precedente nacional si realmente fortalece las finanzas locales sin sustituir una dependencia por otra.

Sin embargo, el verdadero saneamiento financiero no se mide únicamente en reducir pasivos. Se mide en impedir que el ciclo vuelva a repetirse. Porque de nada servirá aliviar la deuda si los municipios continúan siendo cajas chicas electorales, refugios de incompetencia administrativa o botines sexenales.

La tragedia financiera de muchos ayuntamientos veracruzanos no nació en los bancos: nació en la impunidad y negociación política.

Y ahí está el núcleo del problema. En Veracruz llevamos años celebrando como hazañas gubernamentales lo que en cualquier democracia funcional sería apenas la obligación mínima de reparar los daños causados por décadas de corrupción, negligencia y cinismo administrativo.

Porque rescatar municipios está bien; lo verdaderamente imperdonable es que quienes los quebraron sigan paseándose por la política como si nunca hubieran firmado la sentencia financiera de ciudades enteras.