*Cuatro corresponden a la actual administración
Orizaba, Ver.- Un total de 22 elementos de la Policía Vial han sido separados de la corporación desde febrero de 2024, cuando César Ignacio Paz Casillas asumió la coordinación de la dependencia, como parte de un proceso permanente de supervisión y depuración interna orientado a fortalecer la disciplina y transparencia en el servicio.
Aunque la cifra comprende dos administraciones municipales, el funcionario precisó que cuatro de estas bajas se han registrado durante los casi seis meses que lleva el actual gobierno municipal, mientras que el resto ocurrió en la gestión anterior.
Paz Casillas explicó que las separaciones han derivado de diversas irregularidades detectadas en el desempeño de los elementos, entre ellas actuaciones vinculadas a intereses personales y procedimientos administrativos que contravienen los lineamientos internos de la corporación.
Indicó que cada caso es analizado conforme a los protocolos establecidos y, una vez acreditadas las faltas, se aplican las sanciones correspondientes, que pueden ir desde suspensiones temporales hasta la baja definitiva.
El coordinador destacó que una de las principales herramientas para vigilar el actuar de los agentes son las cámaras corporales o de solapa que portan durante sus jornadas de trabajo, las cuales permiten documentar las intervenciones y esclarecer cualquier controversia entre ciudadanos y oficiales. “Las cámaras son las que finalmente nos permiten determinar qué ocurrió realmente y quién tuvo la responsabilidad en algún incidente”, señaló.
Explicó que cuando existe alguna queja o señalamiento, las grabaciones son revisadas para determinar si hubo una actuación indebida por parte de algún elemento o si la responsabilidad corresponde al usuario involucrado.
Finalmente, reiteró que la Policía Vial mantiene una política de “cero tolerancia” ante conductas que afecten la imagen institucional o vulneren los procedimientos establecidos, por lo que continuará reforzando los mecanismos de vigilancia interna y rendición de cuentas para garantizar un servicio profesional y apegado a la normatividad.
