Prefacio.

El ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste (municipio gobernado por Movimiento Ciudadano) gestionó ante el gobierno estatal (la Secretaría de Gobierno y el DIF) la donación de sillas de ruedas para ciudadanos de ese municipio. *** El trámite arrojó resultados. Este fin de semana llegaron hasta la cabecera de ese municipio la secretaria y la subsecretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Margarita Santoprieto y Eusebia Cortéz Pérez. *** El problema fue que, para entregar esos apoyos, las funcionarias estatales “se olvidaron” de avisar a la autoridad municipal. *** Sin embargo, como buen pueblo chico, las noticias corren veloces y a los pocos minutos el presidente municipal, Raúl González Martínez llegó hasta el domicilio de los beneficiarios, en la colonia Las Palomas. Ahí les dejó en claro a sus paisanos que los apoyos que estaban recibiendo no los comprometían con ninguna fuerza política, lo que -por supuesto- no agradó a las representantes de la administración estatal. *** Fuera de control, la subsecretaria Eusebia Cortez tachó de “loco” al alcalde y aseguró que ellas estaban ahí porque estaban atendiendo “al pueblo”. *** El alcalde les dijo que agradecía el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle (bandera con la que llegaron ellas) y lo único que pedía era que estado y municipio trabajaran en forma coordinada, pues los beneficios ya habían sido gestionados por el gobierno municipal y consideró una falta de respeto excluir a la autoridad que fue elegida por los ciudadanos de Ixhuatlán del Sureste. *** Por cierto: Raúl González llegó hasta el sitio portando una camisa color naranja, mientras que la titular de Sedesol, Margarita Santopietro llevaba una blusa color guinda.

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El tema se ha discutido en diversos momentos, pero no se ha podido llegar a conclusiones que se traduzcan en acciones concretas. Sin embargo, el senador Luis Donaldo Colosio y la diputada federal Iraís Reyes -ambos de Movimiento Ciudadano (MC)- impulsan reformas a la Carta Magna para que se reconozca la responsabilidad del Estado por casos de error judicial y por la privación indebida de la libertad.

La propuesta plantea una lógica contundente: si el Estado debe indemnizar cuando daña un bien o afecta un patrimonio, ¿por qué no habría de responder cuando le arrebata años de libertad a una persona inocente?

El especialista José Mario de la Garza, presidente de la Asociación Civil “Perteneces”, nos pinta un escenario que resulta más común de lo que creemos:

“Imaginen pasar 5, 10 o 15 años en prisión. Perder a tu familia, tu trabajo, tu patrimonio y tu nombre. Que un día un tribunal reconozca que eras inocente y que, después de destruir tu vida, el Estado simplemente te diga: puedes irte”.

Para retomar esos escenarios, el periodista Ricardo Raphael escribió apenas la semana pasada el artículo: “Sin consecuencias, la fabricación de culpables”, en el que retoma el conocido caso de Israel Vallarta, a quien la justicia del país lo dejó en libertad luego de mantenerlo en prisión durante 20 años.

El periodista explicó que Vallarta, acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de encabezar una banda de secuestradores, obtuvo su libertad luego de que las consideraciones de la jueza Mariana Vieyra Valdés fueron respaldadas por un tribunal colegiado: “1) Vallarta fue torturado para que se confesara culpable, 2) la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que benefició a Florence Cassez denunció los vicios que dañaron de manera irreversible el proceso penal, 3) los testimonios de las supuestas víctimas fueron contaminados por el montaje, 4) el Ministerio Público indujo maliciosamente el reconocimiento que algunas de las víctimas hicieron de la voz y el rostro de Vallarta y, por tanto, 5) con las pruebas presentadas no se puede determinar la culpabilidad del imputado”.

Ricardo Raphael llega a cuestionamientos que son fundamentales:

“El sistema de justicia mexicano otorga a la autoridad todas las ventajas, y a sus víctimas, prácticamente ninguna. ¿Quién va a reparar el daño causado a la vida de Israel Vallarta? ¿Quién le devolverá los largos años transcurridos en prisión sin sentencia en primera instancia? ¿Quién les devolverá a sus hijos el haber crecido sin su padre? ¿Quién podrá evitarle un envejecimiento sin patrimonio? ¿Quién le pedirá perdón por todo lo sufrido?”.

En Veracruz, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa -impulsor del proyecto “Inocencia”- advierte que uno de los graves problemas al momento de impartir justicia es el abuso de la prisión preventiva lo que provoca que personas permanezcan privadas de la libertad sin una sentencia, lo que vulnera principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.

“La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero si cualquier autoridad lo violenta queda en papel mojado. En el discurso se habla de estado de derecho, pero en materia de justicia penal y civil estamos reprobados”.

Denunció la existencia de casos en los que se han fabricado culpables con el objetivo de presumir resultados en materia de seguridad, sin que necesariamente se esté garantizando justicia para las víctimas.

A diez años de que se implementó el nuevo sistema de justicia penal, los abogados de Veracruz se cuestionan con seriedad los avances en materia de procuración e impartición de justicia.

Abogados penalistas del sur de la entidad se reunieron con la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Rosalba Hernández, a quien le ratificaron lo que para todos es evidente: la falta de independencia y de autonomía de la institución.

“Exigimos el respeto absoluto a la autonomía de los órganos jurisdiccionales. Los jueces deben juzgar con base en la ley y las constancias de autos, libres de presiones políticas, mediáticas o jerárquicas”, plantearon los abogados.

Para que la justicia sea efectiva, advirtieron, se requiere estabilidad laboral y jurídica para los juzgadores, de manera que sus resoluciones no sean motivo de sanciones encubiertas, hostigamiento, ni cambios arbitrarios de adscripción.

Pidieron revisar del uso automático de la prisión preventiva justificada y plantearon -como “urgente”- un incremento salarial y presupuestal.

Finalmente, los juristas pidieron mayor certeza jurídica: “establecer mesas de diálogo y puntos de acuerdo permanentes entre el Poder Judicial y la sociedad jurídica organizada, con la finalidad de evaluar el desempeño judicial, proponer mejoras y devolverle a la ciudadanía veracruzana la certeza y confianza en sus instituciones”.

Ya es hora.

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Epílogo.

Llamó la atención la información surgida este fin de semana: Miguel Ángel Yunes Márquez aparece como integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. *** Aunque sigue sin ser admitido como militante de ese partido, Yunes Márquez aclara que él desde hace tiempo colabora con el grupo de Morena y que ha apoyado “sin condiciones” las propuestas de la presidente Claudia Sheinbaum. *** “A la Gobernadora mi respeto y le deseo mucho éxito por el bien de Veracruz. Yo actué simplemente en consecuencia, yo estoy en el grupo parlamentario de Morena desde el mes de septiembre, he apoyado las reformas constitucionales que ha propuesto la presidenta, lo he hecho con convicción y lo seguiré haciendo porque estoy convencido que México requiere una presidenta fuerte y para eso el Senado tiene que respaldarla. Entonces, la verdad que estoy tranquilo y le deseo todo el éxito a la gobernadora y mi respeto es para ella”. *** La bancada de Morena sigue pagando a la familia Yunes por el respaldo otorgado para aprobar la reforma judicial.

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