En uno de los momentos más álgidos de los recientes disturbios en Milán, Italia, más de 50 participantes fueron detenidos. Entre ellos, más de 30 eran menores de edad.

Las autoridades italianas, al igual que las de otros países, han tenido que enfrentar, atender, negociar y dar cauce a las manifestaciones que se han presentado en los últimos días. En ese evento se presentaron actos de gran violencia incluyendo saqueo de tiendas y el incendio intencionado de propiedades. La presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, «calificó de “dolorosa y aterradora” la presencia de tantos jóvenes entre los alborotadores. “Los jóvenes… acudieron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse a sí mismos mientras lo hacían”, señaló. “Es un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo a imitar por otros».

Un decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye nuevos delitos que se sancionan de manera expedita ante el temor de que la situación se torne más grave.

Son 10 los puntos incluidos en este documento, en los cuales se destaca la alusión reiterada a las acciones violentas. Para sancionar el vandalismo anuncian fuertes medidas, especialmente por la participación en grupo en actos que pongan en peligro la seguridad pública. La sanción es de 5 años de prisión y multas de hasta 20,000 euros (unos 400 000 pesos). Esta pena se aumenta por llevar el rostro cubierto o causar lesiones a terceros.

Otra mención a destacar es la responsabilidad que deben asumir quienes participan en estos eventos y se especifica que los manifestantes serán responsables y deberán pagar los daños generados. Si se trata de menores de edad, los padres de familia serán responsables y las multas alcanzan unos 20 000 pesos. Asimismo, la policía puede aplicar detención preventiva que puede llegar hasta a los adolescentes de entre 14 y 17 años, pues el gobierno italiano considera que los adolescentes, a partir de los 14 años, ya tienen la capacidad de comprender su culpabilidad. Y las sanciones son mayores cuando se trata de quienes promueven u organizan grupos que generan actos vandálicos, «incluso mediante herramientas digitales».

Estos eventos, aun cuando son virulentos, exasperantes, son rebasados en gravedad por la violencia institucional, la que impregna la forma de vivir cotidiana de una sociedad en situaciones surgidas en los hogares, en las fuentes de trabajo, en las escuelas.

Las movilizaciones de los grupos sociales y los enfrentamientos generalmente son originados o propiciados por las viciadas estructuras de poder y surgen de la insatisfacción de la comunidad, de la ciudadanía cuando un sistema político no responde a los compromisos del bienestar común. 

Cuando la violencia excede estos límites, cuando se ejerce en la vida común y corriente, estamos ante una situación más grave que una manifestación de jóvenes porque dañan de manera más amplia y contundente la estabilidad, la armonía y el bien vivir a que tiene derecho todo ciudadano.

Es la violencia absurda que llega al extremo de la tolerancia cuando un maestro ya no soporta las agresiones de sus propios compañeros, de los líderes sindicales, de los alumnos que en la escuela encuentran la forma y la ocasión de dar salida a sus frustraciones, sus fracasos, su soledad.

Es el atropello, la saña y furia a la que se enfrentan los docentes, y los mismos alumnos entre sí, cuando la escuela es abandonada, cuando se desdeña el dolor de un maestro que explota porque hacen falta esas acciones de control de la impulsividad, de la virulencia, del ensañamiento, más allá de la violencia repudiada por dañar monumentos. Aquí, en el sistema educativo, los daños son mayores, más letales, más irreversibles, más dolorosos…